El Gobierno mantiene su defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que consideran una persona «honorable». Desde Moncloa aseguran que no temen la reacción de los socios parlamentarios, quienes en la víspera comenzaron a virar su posición y expresaron preocupación por las acusaciones que pesan sobre el exdirigente socialista.

Así, fuentes de Moncloa insisten en la «falta de pruebas documentales» contra Zapatero en el contundente auto emitido el martes por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le atribuye delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

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El instructor tiene en la mira el rescate público concedido por el Gobierno a la aerolínea española con capital venezolano ‹Plus Ultra› y sospecha que Zapatero intercedió de forma ilegal a cambio de un beneficio económico.

Posible moción de censura

En la víspera, socios parlamentarios como Sumar, Compromís y ERC pidieron explicaciones a los socialistas y abandonaron la tesis del ‹lawfare›, es decir, que esta causa responda a una guerra judicial con la intención de atacar al Gobierno.

Aún así, en el Gobierno dan muestras de tranquilidad y no ven en riesgo la continuidad del Ejecutivo, que continuará hasta 2027 como se encargó de subrayar el presidente Pedro Sánchez en el Congreso, para despejar las dudas de un adelanto electoral.

«El que quiera presentar una moción de censura que lo haga» señalan fuentes gubernamentales, retando a PP y Vox a iniciar el trámite parlamentario para descabalgar a Sánchez, convencidos de que no tienen la mayoría para sacarla adelante.