Algunos miembros de la presunta trama que habría utilizado de forma irregular el rescate de la aerolínea Plus Ultra se referían al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como su «pana» y llegaron a ordenar pagos de 2.000 euros a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos.

Así consta en el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en el que cita a declarar como investigado a Zapatero el próximo 2 de junio. La resolución recoge conversaciones intervenidas a la supuesta red de tráfico de influencias que, según el magistrado, estaría dirigida por el expresidente socialista.

Mensaje y contacto políticos

Entre los mensajes analizados, el juez destaca que la trama logró concertar en julio de 2020 una reunión en el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por Ábalos, con altos cargos del departamento y directivos de Plus Ultra. Tras ese encuentro, uno de los investigados, el exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes, escribió: «Nuestro pana Zapatero detrás».

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Las conversaciones reflejan además intentos de influir en el rescate durante los primeros meses de la pandemia. Según el auto, Reyes aseguró haber conseguido un «puente con ZP» a través del político venezolano Ramón Gordils y trasladó que el presidente de Plus Ultra había hablado durante 11 minutos con Zapatero para explicarle la situación de la compañía.

La investigación apunta igualmente a contactos con el entorno de Ábalos y su entonces asesor, Koldo García. Según el juez, uno de los implicados aseguró haber «tocado a Ábalos» para facilitar gestiones políticas relacionadas con el rescate.

Pagos y movimientos de fondos

El instructor también recoge mensajes en los que directivos de la aerolínea reclamaban presión sobre la SEPI para desbloquear las ayudas públicas. En uno de ellos, el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, planteaba recurrir a Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero también investigado en la causa, para lograr «ese empujón».

Además, el magistrado señala que el empresario Felipe Baca encargó a finales de 2020 dos pagos: uno de 3.000 euros a una persona identificada como «Alejandra» y otro de 2.000 euros a «Jessica», número que, según el auto, correspondería a Jéssica Rodríguez.

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El análisis financiero incorporado a la causa sostiene que Zapatero y su entorno eran «los beneficiarios finales de la operativa». El juez menciona transferencias a cuentas vinculadas a sus hijas, así como movimientos de fondos entre distintas sociedades por importes superiores al millón de euros.

Para Calama, las conversaciones, contratos, pagos y movimientos financieros analizados apuntan a un «liderazgo efectivo» de Zapatero sobre una estructura orientada a ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y ocultar contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios.