El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’, de forma que podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según sendas resoluciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las peticiones de Vox e Iustitia Europea, que habían reclamado extender la suspensión del voto, mientras que la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se mostró en contra por «no resultar conformes y ajustadas a derecho».

Los magistrados señalan que la suspensión del voto a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ se adoptó el pasado 10 de septiembre, «mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales», una decisión que ratificaron el 12 de octubre, «en un tiempo aún hábil, posible, anterior al inicio del periodo electoral».

El argumento de los magistrados

«Por el contrario, la pretensión cautelar que debemos resolver ahora, pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados», contraponen.

A su juicio, «iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral».

«Por todo ello, en estas circunstancias, la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales», concluyen.

189.678 hijos, más que los ‹nietos›

Sin embargo, el alto tribunal discrepa de la alegación de la Abogacía del Estado «sobre la ausencia de incidencia material suficiente, que pretende justificarse basándose en el porcentaje de participación en las últimas elecciones generales electores incluidos en el CERA».

«No sólo porque no es un criterio que pueda resultar aplicable –no es posible conocer qué participación puede haber en el próximo proceso electoral–, sino, sobre todo, porque es un colectivo mayor que aquel al que la Sala ha acordado ya la suspensión cautelar», indica.

Los magistrados recuerdan que su decisión de suspender el voto a los nacionalizados por esa vía fue al entender que «había un riesgo cierto de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, lo que afecta a su regularidad jurídica y, por ende, a la pureza del proceso electoral», por lo que -abundan- «con mayor razón esa apreciación es aplicable a una cifra mayor», que es la que representan los hijos.

«Adviértase que, según datos oficiales, la cifra de este colectivo, 189.678 personas, es superior a la de los destinatarios de la suspensión cautelar ya acordada, 162.454 personas (163.355, descontadas las 901 que aportaron certificación consular y no les resulta aplicable la suspensión)», cuantifican.

Por otro lado, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero ha formulado voto particular contra no suspender el voto para los hijos, indicando que «resulta evidente que la sentencia futura» que resuelva el fondo del asunto «tendrá que afrontar esa cuestión».

«Si en el primer caso era necesaria la adopción de la medida cautelar para garantizar la sentencia futura, en el segundo es igualmente necesaria», apostilla, para añadir que «es ineludible si quiere mantenerse una línea de actuación internamente cohesionada».