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La Dirección General de la Guardia Civil ha acordado la suspensión con efecto inmediato de la concesión de vacaciones, permisos y licencias para todo el personal destinado en las Comandancias de Ceuta y Melilla. Esta decisión se enmarca dentro de un paquete de «medidas temporales y extraordinarias» con las que el Ministerio del Interior pretende garantizar la seguridad ciudadana y el control del perímetro fronterizo tras los reciente episodios de alta presión migratoria vividos en ambas ciudades autónomas.
Medidas de urgencia
Manuel Llamadas, director adjunto de la Guardia Civil, ha firmado una orden en la que asegura que la situación actual exige asegurar la máxima capacidad operativa del personal, justificando que la acumulación de permisos y vacaciones de verano reduce de manera ‹significativa› los efectivos disponibles sobre el terreno en un momento crítico: «se ve mermado en estos momentos, de forma significativa, por el disfrute de vacaciones en periodo estival y permisos de asuntos particulares».
La dirección ha precisado que esta restricción no tendrá carácter retroactivo, por lo que no afectará a los permisos que ya hubiesen sido autorizados con anterioridad
Para justificar legalmente esta decisión, la Guardia Civil se ampara en la normativa interna sobre jornada laboral y en la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de sus miembros. Dicha normas establecen que, ante alteraciones graves de la seguridad ciudadana o situaciones de urgente riesgo, los agentes deben priorizar las necesidades del servicio.
Indignación entre los afectados
La medida ha provocado un profundo malestar entre las organizaciones. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles -Augc- coinciden en que existe un problema grave de seguridad en la zona, pero que la solución impuesta no es la forma de proceder. A su juicio, suspender derechos «no aporta ni un solo agente nuevo» a la frontera y únicamente busca «exprimir la disponibilidad» de unos guardias civiles que ya se encuentran exhaustos y desbordados.
Por este motivo, la Augc ha exigido a interior que esta restricción extraordinaria esté acotada en el tiempo, sugiriendo una revisión quincenal de la situación. Además, reclaman que no se pierda ni uno solo de los días suspendidos y que la sobrecarga de trabajo se compense con indemnizaciones económicas.
La policía califica de ‹ridículo› el refuerzo enviado
A estas protestas se ha sumado la Confederación Española de Policía -Cep-, que considera «testimonial e insuficiente» la actuación del Ministerio del Interior. El sindicato policial critica la falta de firmeza del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y califica de «ridículo» el envío de apenas seis agentes para reforzar las áreas de Extranjería en Ceuta.
Según la Cep, esta escasa aportación es incapaz de asumir la gran acumulación de expedientes administrativos, por lo que instan al Ejecutivo a abordar una reforma legislativa urgente para blindar definitivamente las fronteras.
