Son ya diez meses los que se cumplen sin las 46 personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Adamuz. Un momento que cambió la perspectiva de todo un país respecto al sistema ferroviario. El sucesos, más allá de que cada día queda un poco más lejano, sigue añadiendo novedades a la causa judicial.
La investigación del accidente ferroviario de Adamuz podría sumar una nueva pieza a su rompecabezas. Un trabajador de una subcontrata de Adif ha solicitado declarar como testigo protegido ante la jueza para denunciar supuestas deficiencias en el balasto, el material que sirve de base y sujeción a las vías. Una información que Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, recibe con cierto desasosiego: «Me da pena que sea ahora, diez meses después, cuando sale este señor a decir esta noticia. Es una prueba más sobre el estado de la red ferroviaria».
Samper advierte de que, si finalmente se confirman estas deficiencias, estaríamos ante otro problema estructural de la infraestructura ferroviaria que habría pasado inadvertido para los controles. Y no lo considera un episodio aislado. A los posibles problemas del balasto suma el deterioro de la catenaria, las roturas de carriles —habla de más de un centenar al año— y unos sistemas de identificación de trenes que califica de obsoletos. «Si lo unimos todo, no hay una parte de la vía que no esté en malas condiciones», sostiene durante una entrevista concedida a 101TV.
La asociación ya avisó
El presidente de la asociación recuerda que ya el pasado 8 de octubre trasladaron al Congreso su advertencia sobre la seguridad ferroviaria. Después llegaron los informes de los tres peritos designados por la jueza para investigar el accidente, que alertaron de baches en otros puntos del mismo tramo. Ahora se suma la denuncia sobre el balasto. «Lamentamos enormemente haber tenido razón», afirma Samper, que asegura que llevaban tiempo avisando de que podía producirse otra tragedia.
La dimisión de Óscar Puente es insuficiente. Prácticamente no se habla de los responsables de organismos relacionados con la investigación y la seguridad ferroviaria. Deben marcharse todos aquellos que, desde sus responsabilidades, no han garantizado el funcionamiento y la seguridad del sistemas
De ahí que la asociación insista en reclamar un Pacto de Estado que saque la seguridad ferroviaria de la confrontación política. Según explica, Vox ya les ha trasladado su intención de firmarlo, mientras que el PP es, por el momento, el único partido del panorama nacional que se niega a adherirse. «No entendemos las razones, posiblemente electorales», apunta. Insiste en que no se trata de una cuestión de izquierdas o derechas, sino de evitar que los ciudadanos tengan que subir a un tren sin saber si llegarán a casa sanos y salvos.
Los datos hablan de unos 450 millones de desplazamientos al año y de 14 millones en alta velocidad, cifras que, a su juicio, justifican una respuesta política conjunta. También reclama más dignidad para las víctimas, tanto en la atención recibida como en los procedimientos judiciales, que en otros accidentes se han prolongado durante más de una década.
62 compensaciones económicas, todavía por llegar
Mientras, muchas de las ayudas económicas siguen sin llegar. «62 personas todavía no habían recibido las compensaciones. Nos parece increíble que por temas burocráticos pueda haber estos retrasos tan tremendos», lamenta Samper. Teme, además, que las víctimas de la tragedia de Urda se encuentren con los mismos obstáculos administrativos.
La dimisión de Óscar Puente tampoco ha cerrado, a su juicio, el capítulo de las responsabilidades. Aunque reconoce que el ministro era el máximo responsable político del departamento, considera que se ha centrado demasiado el debate en su figura y que hay otros cargos que también deben dar explicaciones: «Prácticamente no se habla de los responsables de organismos relacionados con la investigación y la seguridad ferroviaria. Deben marcharse todos aquellos que, desde sus responsabilidades, no han garantizado el funcionamiento y la seguridad del sistemas».
A los posibles problemas del balasto suma el deterioro de la catenaria, las roturas de carriles —habla de más de un centenar al año— y unos sistemas de identificación de trenes que califica de «obsoletos»
Su preocupación, en definitiva, va más allá de esclarecer qué ocurrió en Adamuz. El presidente de la asociación sostiene que, meses después de la tragedia, los problemas que denunciaban siguen sin resolverse y que miles de viajeros continúan utilizando una red que considera deficiente. «Estas personas tienen que irse de ahí. Que ocupen esos cargos personas honestas y éticas», sentencia.




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