El ministro de Transportes, Óscar Puente, solicitará comparecer a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado, al menos, 69 fallecidos. La decisión, anunciada este jueves por fuentes del Ministerio, llega un día después de la tragedia y tras las reclamaciones de varias formaciones políticas para que el responsable de Transportes rinda cuentas sobre lo sucedido.
La petición se produce después de que Sumar, Esquerra Republicana y Podemos reclamaran su comparecencia ante este órgano parlamentario. Frente Amplio, el espacio político heredero de Sumar, ha exigido transparencia y una investigación independiente, además de reclamar responsabilidades técnicas y políticas. La formación considera inadmisible que se hayan producido dos accidentes ferroviarios graves en un mismo año y ha pedido una auditoría sobre el estado de la red.
Pendiente de fecha definitiva
La comparecencia tendrá lugar ante la Diputación Permanente, el órgano que permanece activo durante los periodos en los que el Congreso no está reunido en periodo ordinario o, como ocurre ahora, tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral. La fecha todavía está pendiente de concretarse, aunque la intención del Gobierno es que se celebre lo antes posible, previsiblemente la próxima semana.
Además de la explicación parlamentaria, Puente ofrecerá una nueva rueda de prensa este viernes, 30 de octubre, para actualizar la información disponible sobre el siniestro. El ministro ya compareció el miércoles para realizar una primera reconstrucción de los hechos y calificó de «inexplicable» que el tren de Renfe pudiera reanudar la marcha con normalidad mientras el convoy de Iryo permanecía detenido en la vía.
El Gobierno ha prometido esclarecer lo ocurrido, mientras crece la presión parlamentaria para que se conozcan todos los detalles de la actuación del centro de control y se depuren las responsabilidades que correspondan
La tragedia de Urda vuelve a situar la seguridad ferroviaria en el centro del debate político, especialmente porque se produce menos de un año después del accidente de Adamuz. El Gobierno ha prometido esclarecer lo ocurrido, mientras crece la presión parlamentaria para que se conozcan todos los detalles de la actuación del centro de control y se depuren las responsabilidades que correspondan.




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