El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, de Izquierda Unida, ha afirmado este miércoles, tras conocerse el auto que imputa por tráfico de influencias al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que es hora de «regular bien todas las actividades» de los expresidentes del Gobierno y ha avisado de que «cobrar por gestiones políticas es delito».

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha defendido que los jueces «tienen que hacer su trabajo» y ha señalado que, a partir de ahí, confía en que se investigue y «se llegue hasta el fondo de este asunto». Además, ha sostenido que hay que desarrollar determinadas normas que ayuden a «clarificar hasta dónde llega el límite de los lobbies y de otros supuestos que sí que están tipificados en el Código Penal», no por este caso concreto, sino porque «ya toca desde hace tiempo».

Preguntada por si el asunto «pinta peor» que ayer si resulta más difícil hablar de lawfare (utilización de la justicia para atacar a un rival político), Barbero ha precisado que ella no utilizó esa palabra. No obstante, ha apuntado que han pasado cuatro años para saber «quién era M. Rajoy, que no era Mercedes Rajoy» y ha dicho que «imputar a políticos de izquierdas parece cada vez más fácil» que a los de derechas.

«Hay un auto con unos hechos, ahora corresponderá conseguir las pruebas correspondientes. El procedimiento judicial tiene que recibir toda la colaboración del Gobierno y de las partes implicadas», ha rematado.

«Se necesitan muchas explicaciones»

A su vez, el portavoz adjunto del grupo plurinacional y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha insistido en esta línea y ha reconocido que la resolución judicial «no pinta ni huele bien», por lo que se necesita como mínimo «muchas explicaciones» sobre las actividades de Zapatero.

Si este martes los distintos portavoces de Sumar veían la imputación de Zapatero como un caso de ‘lawfare’, tras conocerse el auto del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional el portavoz de Justicia ha preferido incidir en otros puntos. «Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno. Esa es una cosa que está clarísima», ha subrayado Santiago.

Y en los pasillos del Congreso, ha añadido un aviso: «Y segundo: desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente», ha dicho Santiago.

«Hacen falta muchas explicaciones«

Por su parte, Ibáñez ha puesto énfasis en que en España «no se ha hecho bien el trabajo de limpiar las cloacas» pero que ahora toca aplicar el principio de prudencia, dado que el «auto no huele bien» y hacen «falta muchas explicaciones .

Al igual que su compañero de filas, el dirigente de Compromís ha apelado a que se reforme el estatuto que regula la actividades de los expresidentes y ha considerado que «no es normal» que se trabaje en empresas que se dedican a asesorar a multinacionales para ver cómo pueden llegar a las administraciones públicas, «te llames Zapatero o te llames Felipe González o Aznar».

Cuestionado sobre si esa demanda de explicaciones se extiende al caso del actual presidente, Pedro Sánchez, el diputado de Compromís ha aclarado que este caso «de momento no está en la parte del Gobierno» sino que se ciñe al «lobbismo», demandado una ley real que regule la actividad de los lobbies.