La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada continúa en pie. La sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido un auto mediante el que descarta la suspensión cautelar de la ordenanza que la regula, solicitada por el Ayuntamiento de Armilla y un particular en el marco del recurso interpuesto por el Consistorio contra su aprobación.

Armilla pide al TSJA la suspensión cautelar de la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones

El auto remitido por el TSJA valida los argumentos del Ayuntamiento de Granada en esta cuestión, de modo que ratifica la medida aplicada en la ciudad y comprende que las excepciones que contempla su aplicación son suficientes para cubrir cualquier casuística. Además, como ha informado el portavoz del gobierno local, Jorge Saavedra, recoge que «hay que preservar el interés general asociado a la defensa del medioambiente y la salud». «Debe prevalecer frente a otros de menos relevancia», abunda.

«Obligación legal»

Saavedra ha manifestado la satisfacción en la Plaza del Carmen por el auto del TSJA, pues «da la razón una vez más al Ayuntamiento de Granada en cuanto a la implantación de esta ZBE». En esta línea, ha advertido de las dos razones por las que el Consistorio diseñó esta medida. «Es una obligación legal, hay una ley que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE, incluso con unas consecuencias importantes para las que no la tengan, pero también por unas razones medioambientales y de salud», ha indicado.

A su modo de ver, el auto recibido «avala que se han hecho bien las cosas en la ciudad de Granada a la hora de implantar esta Zona de Bajas Emisiones». Con ello todavía discrepa el Ayuntamiento de Armilla, que solicitó la suspensión cautelar de la ordenanza de regulación de esta medida al considerar que presenta graves deficiencias técnicas y procedimentales. Desde su perspectiva, la normativa incide directamente en la movilidad de los vecinos del área metropolitana.