Tras el reciente visto bueno de la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara al marco regulatorio del euro digital, el proyecto encara su recta final con el año 2029 fijado en el calendario del lanzamiento del Banco Central Europeo. En España, la llegada de esta nueva moneda plantea un duelo de utilidad frente a un gigante ya consolidado: Bizum.

Aunque a primera vista ambas herramientas compartan el objetivo de enviar dinero de forma instantánea desde el teléfono móvil, el BCE y los reguladores comunitarios insisten en que el euro digital no nace para competir con el sector privado, sino para ofrecer una alternativa pública con características técnicas que Bizum no puede replicar. 

Las diferencias claves

Mientras que un «Bizum» mueve dinero bancario privado, el euro digital constituirá dinero público respaldado de forma directa por el Banco Central Europeo. En la práctica, esto sitúa a la nueva divisa electrónica en el mismo nivel legal de seguridad y protección que los billetes de banco físicos, eliminando el riesgo de crédito asociado a la banca comercial.

Bizum es una herramienta que depende de manera estricta de una conexión a internet y de la infraestructura tecnológica de las aplicaciones de cada banco. Por el contrario, la futura moneda digital de la eurozona nacerá con la capacidad inédita de realizar transacciones en la modalidad offline, permitiendo el intercambio de valor entre dispositivos sin necesidad de conexión a red.

Un ciudadano puede mantener fondos ilimitados en la cuenta corriente que utiliza para activar su Bizum, restringido únicamente por los límites de envío diarios que fije su entidad. El euro digital, en cambio, nacerá con un tope máximo de tenencia por monedero para evitar la fuga masiva de depósitos de los bancos en momentos de crisis. 

Un lustro de evolución

Aunque el debate se ha reactivado con las últimas novedades, su camino comenzó formalmente en julio de 2021. Tras dos años dedicados a definir su viabilidad técnica y su diseño, el BCE activó una primera etapa de preparación orientada a redactar las bases del reglamento. El proyecto entra ahora en el diseño de la infraestructura real y la aplicación móvil definitiva, con la previsión de iniciar las primeras pruebas piloto en entornos controlados a mediados de 2027, antes de su distribución masiva a finales de la década.

Las multinacionales norteamericanas Visa y Mastercard concentran cerca del 61% de las transacciones con tarjeta en la eurozona

Privacidad y gratuidad

Desde el BCE y el Banco de España se reitera que la nueva herramienta no busca sustituir al dinero en efectivo, sino complementarlo bajo estrictos parámetros de control y accesibilidad. Se prohíbe explícitamente al BCE identificar de forma directa a los usuarios o rastrear sus hábitos de consumo a partir de los datos de pago.

El euro digital operará sobre una infraestructura pública y europea, lo que garantizará la autonomía del sistema de pagos y la libertad para los ciudadanos de elegir qué medio utilizar

La online ofrecería más funciones y los bancos podrán decidir cómo integrarla en su oferta, por ejemplo, incorporándola en su propia aplicación móvil o dando acceso a la aplicación de «marca blanca» que desarrollará el BCE, explicó la presidenta de la comisión parlamentaria, Aurore Lalucq. El acceso al monedero y las operaciones serán gratuitos para los particulares. Sin embargo, los comercios que ya tengan implementado el sistema de pago digital, estarán obligados a aceptarlo y a pagar una tasa a los bancos.

Fricciones con el sector bancario tradicional

El despliegue final del euro digital no está exento de resistencia. Los bancos comerciales tradicionales observan con recelo la medida por la incertidumbre sobre la rentabilidad de gestionar estas carteras públicas y por la competencia directa con herramientas privadas plenamente asentadas como Bizum.
Los gigantes del pago privado ya mueven ficha para no perder terreno en el nuevo mapa financiero. Firmas como Visa han anunciado inversiones superiores a los 500 millones de euros en el continente para adaptar sus estructuras a este nuevo marco normativo que temen que les perjudique.