Una vida ahorrando para comprar una vivienda, decides alquilarla y en vez de en un beneficio extra al sueldo que cada mes llega para vivir, se convierte en un lastre del que es difícil desprenderse. Hay casos de todo tipo, pero el término que reúne estos casos es único. La inquiokupación ha llegado para quedarse, o eso parece. Y los propietarios «no pueden más con esta situación». Así lo explica la secretaria de la Asociación sin ánimo de lucro de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica (Aprovij), Virginia Robles.

Hace una semana, el colectivo se manifestó en la puerta del Ayuntamiento de Málaga para pedir una solución a esta situación. Este miércoles, 22 de enero, volverán a hacerlo, esta vez, en un encuentro más multitudinario a las 11.00 horas frente al Congreso de los Diputados de la capital madrileña aprovechando que «se votará en el Congreso de los Diputados, la prórroga del nefasto RD 11/2020, que impide a los pequeños propietarios recuperar sus viviendas con inquilinos morosos (inquiokupas)», sostiene.

Manifestación en Madrid

«Nos vamos a manifestar en Madrid mañana con motivo de la votación del decreto 11/2020 que impide a muchos propietarios recuperar sus viviendas desde el año 2020», señala Robles. Se trata de un decreto que salió como medida excepcional en plena pandemia de Covid y sigue alargándose en el tiempo haciendo que el propietario tenga la obligación de mantener a aquellas familias en situación de vulnerabilidad.

En definitiva, «gente que ni paga ni se quiere ir desde el 2020 y ese decreto les ampara a inquilinos y a okupas que se acogen a esa vulnerabilidad», denuncia la secretaria de Aprovij, quien añade que en muchos casos tienen que hacerse cargo hasta de los suministros. Y el problema continúa porque, según la asociación, tienen constancia de que el pasado 23 de diciembre se propuso prorrogar este decreto, lo que supone, insisten, que «haya gente a la que no se le va a revisar la vulnerabilidad».

Recuperar sus viviendas

Ante esta situación, los propietarios de muchas viviendas han alzado la voz para recuperar sus casas, ya que hay casos en los que hasta algunos hijos tienen que estar pagando un alquiler —con lo que eso supone— teniendo una vivienda familiar okupada por otra persona desde hace cinco años. En España, concretamente, la cifra de familias afectadas por este problema ya asciende a 80.000, apunta Robles.

Los propietarios recuerdan que, entre los requisitos para ser una persona vulnerable amparada por este decreto de 2020, se encuentran «cobrar menos de 1.800 euros, o tener menores a tu cargo o más de 60 años, entre otras razones, con lo que hay personas con la vivienda ocupada que han ganado el juicio, pero como este decreto se va a ampliar durante el 2025, no se les pueden echar por este motivo», denuncian.

Origen Aprovij

La asociación nació de un grupo de WhatsApp de distintos propietarios en el que se decidió crear una lucha para reivindicar sus derechos y una unión para poner fin a esta situación. Al fin y al cabo, están unidos por un mismo fin: recuperar sus viviendas y luchar contra la ocupación (en todos sus ámbitos). Todo ello, trabajando en conjunto para hacer visible la problemática ante las autoridades y la sociedad, exigiendo cambios legislativos que reconozcan y protejan nuestros derechos.

Así, afectados recuerdan que sus viviendas son privadas, sin ser de gestión del gobierno y dejando a un lado ser, por tanto, «un escudo para la sociedad, teniendo que mantener a familias ajenas». Además, insisten en que la gente se anime a acudir a este encuentros el miércoles en Madrid para «acabar de una vez con la prórroga del nefastro decreto» que les ha arrebatado tantos hogares.