La Guardia Civil ha desmantelado dos talleres clandestinos que funcionaban en una finca rústica de Coín en la provincia de Málaga, donde los agentes del Seprona sorprendieron a varias personas mientras desarrollaban su actividad. La actuación permitió localizar dos negocios instalados en un mismo edificio, distribuidos en dos plantas. En la superior se encontraba un taller mecánico, equipado con elevadores, maquinaria y herramientas, además de numerosos vehículos, algunos de ellos en proceso de reparación.

Durante la inspección, los agentes también hallaron aceites, anticongelantes, filtros usados, neumáticos y diversas piezas de vehículos, tanto nuevas como usadas. En la planta inferior funcionaba un segundo taller dedicado a trabajos de chapa y pintura. Allí, los guardias civiles sorprendieron a una persona trabajando en una cabina de pintura que se encontraba en funcionamiento, con un vehículo en su interior.

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Sin licencias ni autorizaciones ambientales

Las comprobaciones realizadas por el Seprona permitieron constatar que ambos talleres carecían de licencia de apertura y de las correspondientes autorizaciones administrativas y ambientales para desarrollar su actividad.

Los responsables no pudieron acreditar la correcta gestión de los residuos generados, entre los que se encontraban aceites usados, filtros, neumáticos y envases contaminados, materiales que pueden provocar daños medioambientales si no se almacenan y eliminan adecuadamente. Los agentes también comprobaron que las personas vinculadas a estos negocios no figuraban dadas de alta como trabajadores autónomos en relación con las actividades que desarrollaban.

La intervención se enmarca en las labores de vigilancia y control que lleva a cabo la Guardia Civil para detectar actividades clandestinas y prevenir posibles afecciones al medio ambiente, especialmente las relacionadas con la gestión inadecuada de residuos y sustancias contaminantes.

Tras la inspección, los agentes formularon las correspondientes denuncias administrativas y trasladaron los hechos a los organismos competentes para que valoren la adopción de medidas y, en su caso, la apertura de sanciones.