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La calidad asistencial y las condiciones laborales en los grandes centros residenciales de la provincia de Málaga vuelven a situarse en el centro de una profunda polémica sectorial. Testimonios directos de las plantillas de centros residenciales de Málaga —como DomusVi Fuentesol en Alhaurín de la Torre y DomusVi Azalea en Marbella— describen un escenario de «colapso estructural» donde la falta de recursos humanos y materiales «compromete directamente la dignidad de la tercera edad y aboca a los trabajadores a una situación de agotamiento absoluto».
Siete trabajadoras para más de 130 residentes: Cuidar a contrarreloj
El día a día en los pasillos de estos centros se ha convertido, según denuncian las empleadas, en una «carrera mecánica contra el cronómetro». En el turno de mañana, apenas siete auxiliares asumen la tarea de levantar, asear y vestir a más de 130 residentes, la gran mayoría de ellos grandes dependientes.
Esta desproporción obliga a cumplir un cálculo matemático totalmente inviable en la práctica: escasos siete minutos por abuelo. Las trabajadoras alertan de que este ritmo frenético impide ofrecer un trato «afectivo» o respetar los dolores y tiempos de los mayores, «reduciendo el cuidado a una producción en cadena que atenta contra las normas asistenciales más básicas».
Inspecciones ineficaces
La gestión de la alimentación se sitúa como otro de los focos de mayor fricción, habiendo provocado ya la apertura de expedientes sancionadores por parte de Asuntos Sociales ante denuncias «por comida en mal estado y que no se adapta a las patologías de los residentes», según denuncian las trabajadoras. Además, aseguran que no se respetan las especificidades de pacientes diabéticos, celíacos o intolerantes a la lactosa, ya que «sirven menús triturados estándar que generan cuadros severos de desatención médica».
«La gente dura dos días; en cuanto encuentran cualquier otra cosa, se van. Nadie quiere trabajar en estas condiciones de explotación y ver cómo se deshumaniza el cuidado de los mayores», comenta el personal de los centros.
A pesar de que los comités de empresa y las áreas de Riesgos Laborales acumulan centenares de denuncias formales, el papel de la Inspección de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía es objeto de duras críticas. Las profesionales aseguran que los inspectores «jamás contrastan la realidad con las trabajadoras en los pasillos», archivándose las causas sin mejoras reales sobre el terreno.
En una provincia con una demanda de plazas residenciales en constante crecimiento, el modelo privatizado lidera el mercado.
