El problema de la vivienda es uno de los que más preocupa a los españoles, y más aún si vives en Málaga, una de las ciudades más tensionadas del país. A la escasa oferta de vivienda pública y residencial se le suma el incremento masivo de pisos turísticos, que han vaciado barriadas enteras en la capital, como la Merced o la Malagueta. Sobre esas vivienda turísticas el Ministerio de Consumo ha puesto el foco en las últimas horas, concretamente sobre las grandes gestoras de estas, a las que ha abierto una investigación por posibles prácticas engañosas.

La sospecha es que estas empresas, que administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas, podrían estar cometiendo prácticas engañosas, suponiendo estas potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

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Dicha ley entiende por prácticas engañosas «cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico». Entre los ejemplos de estas podría encontrarse afirmar falsamente que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial, o, presentarse de forma fraudulenta como consumidor o usuario.

Investigación de abusos

En este caso, la investigación de Consumo pone el foco en las operaciones de aquellos pisos turísticos que, incluso contando con una licencia, se estarían gestionando de forma irregular por empresas de intermediación que operan en diferentes lugares de España.

Desde octubre, el Ministerio viene investigando a diversas agencias inmobiliarias por prácticas abusivas contra los inquilinos. Algunas de ellas tienen que ver con la gestión del alquiler, por ejemplo, obligar a los usuarios a pagar una comisión por la «gestión de la reserva», así como firmar contratos temporales sin justificación o aceptar clausulas irregulares.

Según los datos de la Junta de Andalucía, en Málaga hay actualmente 12.000 pisos turísticos repartidos especialmente en los distritos del centro y el este de la ciudad. Ante esta realidad, el Ayuntamiento de Málaga ya ha tomado sus propias medidas y el pasado octubre se tomó la de no permitir una sola vivienda turística más en 43 barrios de la capital, donde estas ya suponen más del 8% de las viviendas.

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