La Zona de Bajas Emisiones ha estado en el centro del debate político en estos días. Vox emitió un recurso contra la ordenanza municipal, y la sentencia del Tribunal Supremo les da la razón en uno de los aspectos. Esta resolución judicial explica que se deben paralizar de forma inmediata todas las multas derivadas de la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones, ya que la consideran como «una medida discriminatoria».

Durante una rueda de prensa celebrada este viernes frente al Ayuntamiento de Málaga, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, pidió que el Ayuntamiento de Málaga paralizase de forma inmediata todas las multas derivadas de la ZBE. Según el portavoz, la «sentencia anula la ZBE, lo que implica que la medida queda sin efecto en su totalidad». 

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Teorías y desinformación sobre quién puede circular o no

En estos días han surgido diferentes teorías sobre los efectos de la ZBE en los conductores. Desde Vox sostienen que la interpretación difundida en algunos medios de comunicación, que limitaba la anulación únicamente a determinados conductores, es «incorrecta».

El grupo ha hecho un llamamiento a los conductores malagueños, quienes a partir de ahora deberían emitir un recurso si se les sanciona en la ZBE. «Desde hoy, todos los vecinos de la provincia de Málaga deberían poder circular sin miedo a ser sancionados por una norma que el Tribunal ha declarado nula, si bien habrá que esperar a que el Consistorio aplique el principio de prudencia en lugar del afán recaudatorio», ha afirmado el portavoz.

El vicesecretario jurídico de Vox Málaga, Jesús Ballesteros, fue el encargado de dirigir el procedimiento judicial. Este ha admitido que el fallo de la sentencia afecta a toda la regulación de la ZBE, y que no solo sancionaría a los conductores de fuera de la ciudad, que no tuviesen un coche matriculado en Málaga. «No se debería multar ni a los de fuera ni a los de dentro», ha afirmado. 

El Ayuntamiento puede recurrir la sentencia en un plazo de 30 días

El partido ha defendido que la normativa obliga a muchos malagueños a cambiar de vehículo, algo que, según argumentan desde el partido, no todos pueden permitirse económicamente. En cuanto a las medidas medioambientales, y en cómo afectaría a la calidad del aire tumbar esta medida, desde Vox lo tienen claro: «No hay ninguna obligación de implantar una Zona de Bajas Emisiones. El Gobierno de España realizó, a nuestro juicio, una transposición errónea de la directiva europea. Lo que establece la normativa europea es que para las ciudades de más de 50.000 habitantes la implantación de estas zonas es una posibilidad recomendable, no una obligación», ha afirmado Ballesteros durante la rueda de prensa.

Por el momento, el Ayuntamiento de Málaga no ha anunciado oficialmente si recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. No obstante, desde Vox consideran que esta apelación tendría dificultades para prosperar debido a los «firmes argumentos» recogidos en la resolución judicial.