La Fiscalía de Málaga ha acusado a 15 personas y a una veintena de empresas por un presunto fraude a través de la venta de combustibles entre marzo y octubre de 2020, ya que supuestamente los procesados desarrollaron una serie de operativas destinadas a no abonar el Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta acusación calcula que el supuesto beneficio ilícito ascendió a unos 13,1 millones de euros.

Según las conclusiones iniciales de la Fiscalía, los acusados, «puestos de mutuo y previo acuerdo y con ánimo de enriquecerse injustamente a costa del erario público», se habrían dedicado supuestamente a la venta de carburantes que adquirían del depósito fiscal a distintos clientes, generalmente, estaciones de servicio.

Para la acusación pública, estos acusados empleaban operativas en esas ventas «dirigidas a no abonar el IVA del 21% en estos casos», que generaba la venta, «tanto ocultando la cantidad que por ese impuesto deberían ingresar con facturas falsas, como interponiendo sociedades a las que hacían pasar por el obligado tributario que, aunque declaraban el IVA, ni lo pagaban ni tenían bienes para hacerlo».

Así, según se señala en el escrito provisional de esta acusación, habrían adquirido bienes que figuraban a nombre de terceras personas físicas o jurídicas «de manera idónea tanto para eludir las responsabilidades patrimoniales dimanantes del delito como para, previa transformación, disfrutar de las ilícitas ganancias obtenidas con el mismo».

Las mercantiles usadas estaban radicadas en la provincia de Málaga, concretamente en Vélez-Málaga, Torremolinos y en Málaga capital, además de en Sevilla y Madrid. La Guardia Civil presentó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía Provincial de Málaga, que interpuso en diciembre de 2020 la correspondiente querella.