El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado un primer revés judicial a las multas impuestas al alcalde de Burguillos y a varios miembros de su equipo de gobierno por la ejecución de la histórica deuda vinculada a la desaparecida empresa municipal Burguillos Natural. El alto tribunal ha dejado sin efecto la sanción económica aplicada a uno de los concejales al entender que no existió un requerimiento judicial individualizado dirigido específicamente contra él.

La resolución, fechada el pasado 7 de mayo, supone el primer pronunciamiento del TSJA sobre este conflicto judicial y abre la puerta a que el resto de recursos presentados por los ediles afectados corran la misma suerte. La sanción anulada consistía en una multa coercitiva diaria de diez euros, equivalente a 3.650 euros anuales por persona, acordada por el Juzgado de lo Mercantil encargado de ejecutar la sentencia.
 
El origen del litigio se encuentra en la quiebra de Burguillos Natural, la sociedad municipal cuya caída dejó al Ayuntamiento frente a una deuda multimillonaria. El fondo KSAC Europe Investments, actual propietario del crédito tras adquirirlo en subasta por unos siete millones de euros, promovió la ejecución de la sentencia que condena al Consistorio a responder económicamente por las obligaciones de la empresa pública.
 
En enero de este año, el magistrado de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Sevilla acordó imponer multas al alcalde, Domingo Delgado, y a seis concejales de su equipo al considerar que existía una «falta de colaboración» en el cumplimiento de la condena judicial.
 

Falta de requerimiento personal

Sin embargo, el TSJA considera ahora que en el caso del edil recurrente no se daban los requisitos legales necesarios para aplicar esa medida coercitiva. Según recoge la sentencia, en el procedimiento no consta «requerimiento judicial específico dirigido personalmente» al concejal, tal y como exige el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
 
El tribunal también subraya que tampoco se concretó qué actuación específica debía realizar el concejal para colaborar con la ejecución ni qué conducta permitiría cesar la imposición de la multa diaria.

Por ello, el TSJA concluye que no concurrían los presupuestos necesarios para mantener la sanción. La resolución añade además que posibles responsabilidades derivadas del ejercicio de cargos públicos o del sentido del voto en órganos colegiados deben dirimirse en otros ámbitos jurídicos, pero no mediante multas coercitivas dentro de un proceso de ejecución sin una cobertura legal expresa.

La decisión supone un importante respaldo para el actual equipo de gobierno municipal, que lleva meses defendiendo que no existe capacidad financiera para asumir el pago íntegro de la deuda sin poner en riesgo el funcionamiento del Ayuntamiento.
 
Una deuda disparada hasta los 27 millones

La ejecución judicial deriva de una sentencia de 2017 que condenó al Ayuntamiento de Burguillos, como accionista mayoritario de Burguillos Natural, a realizar aportaciones económicas a la sociedad municipal en concurso de acreedores por importe superior a 13,5 millones de euros.

No obstante, el paso del tiempo y los intereses acumulados han elevado la cantidad reclamada hasta superar los 27 millones de euros. En abril de 2024 se despachó ejecución por esa cuantía, según consta en las actuaciones judiciales.

Durante el procedimiento, el Ayuntamiento solicitó acogerse al Fondo de Financiación de Entidades Locales para afrontar el pago. La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local autorizó la operación y dio luz verde a un plan de ajuste que contemplaba financiación suficiente para cubrir la totalidad de la deuda.

Pese a ello, el pleno municipal acordó finalmente formalizar únicamente un préstamo de dos millones de euros, renunciando al resto de la financiación disponible. Ese acuerdo fue el que llevó al juzgado mercantil a interpretar que existía una negativa deliberada a ejecutar la sentencia.

El Ayuntamiento defiende que el préstamo era inasumible

El alcalde de Burguillos, Domingo Delgado, ha defendido reiteradamente que asumir un préstamo superior a los 28 millones de euros resultaría inviable para las cuentas municipales. Según ha explicado, el presupuesto anual del Ayuntamiento ronda los 5,4 millones de euros y el coste de amortización anual del crédito superaría los 2,8 millones durante doce años.

A ello se suma, según el regidor, que solo el capítulo de personal asciende ya a 3,2 millones de euros, lo que haría imposible sostener los servicios municipales básicos si se asumiera esa carga financiera.

Delgado también ha insistido en numerosas ocasiones en que la situación económica actual del Consistorio es consecuencia de la gestión realizada durante los años de gobierno socialista, etapa en la que se produjo la quiebra de Burguillos Natural.
 
De hecho, los exalcaldes socialistas José Juan López y Mariana Pérez, junto a varios exconcejales del PSOE, fueron condenados a inhabilitación por su actuación relacionada con el concurso de acreedores de la empresa municipal. Ahora, sin embargo, las consecuencias económicas del caso recaen sobre el actual gobierno local.