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Los municipios de la provincia de Sevilla dañados por el gran fuego forestal originado en Niebla (Huelva) se disponen a pedir de forma unida al Ejecutivo estatal un reconocimiento oficial: que sus territorios, entre los que figuran El Madroño y Castillo de las Guardas, sean catalogados como zona con emergencia de protección civil. Este paso lo dará la Junta de Andalucía, que llevará el asunto a su próximo Consejo de Gobierno.
Según trasladó el regidor de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ya se ha calculado la extensión quemada en su término —unas 6.000 hectáreas—, mientras el departamento autonómico de Agricultura coordina con el sector agrario local para que ese reconocimiento alcance también a las poblaciones cercanas.
Una respuesta conjunta
Fernández sostuvo que actuar de manera conjunta resulta esencial porque estos pueblos comparten una economía basada en el campo, la cría de animales y las colmenas, de modo que lo que sucede en un municipio repercute directamente en los limítrofes. El regidor confió en que el reconocimiento se resuelva sin demora y calificó lo ocurrido como una tragedia evidente para cualquiera, sin necesidad de grandes análisis para comprenderlo.
Casi un centenar de apicultores y unas 700 cabezas de ganado tuvieron que ser trasladados por el avance de las llamas en Aznalcóllar
Apicultores y ganaderos
El primer edil precisó que su localidad reúne a cerca de cien profesionales de la apicultura y que unas 700 reses tuvieron que ser trasladadas a otro lugar tras la llegada de las llamas al término municipal. Valoró también que el desmontaje de los cercados de caza facilitó la huida de los animales salvajes, tarea en la que participaron colectivos proteccionistas y cazadores del entorno, algunos de los cuales plantean pausar su actividad para dejar que la fauna se recupere.
El consistorio ya estudia además intervenciones para regenerar los suelos quemados —de forma que no pierdan su capacidad productiva— y para intentar rescatar los ejemplares arbóreos que aún puedan salvarse.
Un golpe al campo
Esta gestión autonómica llega tras el anuncio de los departamentos regionales de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que reclamarán al Estado que declare la zona como desastre natural. El regidor calificó el suceso como un durísimo mazazo para el sector primario de la comarca y para los vecinos que perdieron sus casas, y remarcó que ningún consistorio dispone de medios suficientes para enfrentar en solitario lo que definió como una de las catástrofes ambientales y sociales más graves en mucho tiempo.
El alcalde advierte de que ningún ayuntamiento puede afrontar en solitario una catástrofe de esta magnitud sin apoyo autonómico y estatal
El alcalde admitió que los consistorios de la zona se han quedado sin apenas medios propios, ni humanos ni económicos, para acometer la reconstrucción. Por ello, considera que el paso dado por la Junta era una petición obligada que estos pueblos reclamaban desde hace tiempo, aunque avisa de que ahora será clave definir el modo en que se gestione todo el proceso.
Para Fernández, la salida pasa por que las distintas administraciones remen en la misma dirección, sin fricciones ni trabas administrativas que retrasen la respuesta a quienes se han quedado sin apenas nada. Reclamó que las ayudas económicas se tramiten con rapidez y de forma clara hacia los perjudicados.
El regidor describió también el paisaje que dejaron las llamas una vez apagado el fuego como una estampa que costará olvidar a los habitantes de la zona. Reflexionó sobre cómo el entorno natural termina reaccionando cuando se le trata sin cuidado o se actúa de forma equivocada frente a él.
El trámite oficial
El jueves 20 de agosto, el órgano autonómico encargado de catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos, dependiente de la Consejería de Agricultura, decidió trasladar al Consejo de Gobierno la petición formal para que el Estado reconozca la zona como gravemente perjudicada por una emergencia de protección civil, trámite previo imprescindible para desbloquear las ayudas económicas.
En paralelo, las localidades perjudicadas ya han habilitado un registro oficial abierto a empresas, autónomos y particulares, además de a los profesionales del campo, la ganadería y la apicultura que hayan sufrido daños. Este listado se gestiona junto a la Oficina Comarcal Agraria y otras instituciones, y servirá para canalizar las futuras ayudas.
