El conflicto surgido tras la controvertida restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena continúa sumando episodios. El restaurador David Arquillo ha decidido iniciar acciones legales contra la anterior junta de gobierno de la hermandad sevillana al considerar que se atentó contra su honor después de las declaraciones realizadas tras la intervención de la imagen.

Según sostiene el restaurador, el entonces hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, junto a varios miembros de su equipo, le responsabilizaron públicamente del resultado final de los trabajos realizados sobre la dolorosa. Arquillo entiende que aquellas afirmaciones dañaron gravemente su reputación profesional y personal, especialmente después de la enorme repercusión mediática que alcanzó el caso dentro y fuera de Andalucía.

La restauración provocó una fuerte reacción entre fieles y devotos al apreciarse cambios visibles en el rostro de la imagen tras regresar a la basílica. La polémica generó un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los asuntos cofrades más comentados de los últimos años.

Intento de acuerdo antes de acudir a los tribunales

Antes de formalizar la demanda, las partes implicadas han iniciado contactos para intentar resolver el conflicto por la vía extrajudicial. Este procedimiento se enmarca en los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias, conocidos como MASC, una herramienta impulsada por la Ley de Eficiencia Judicial que obliga a intentar una mediación previa antes de acudir a los juzgados.

A estas reuniones, celebradas ante notario, han sido convocados varios integrantes de la antigua dirección de la hermandad. Entre ellos figuran el propio Fernández Cabrero, además de Enrique Espinosa de los Monteros, Miguel Ángel Fernández y José Luis Notario, quienes ocuparon distintos cargos de responsabilidad durante aquel mandato. Algunos de ellos dimitieron poco después de que estallara la polémica restauración.

La hermandad también estudió denunciar

El enfrentamiento judicial pudo haberse producido meses atrás, aunque en sentido contrario. La anterior junta de gobierno de la Macarena llegó a valorar la posibilidad de demandar a Arquillo por un supuesto incumplimiento del contrato firmado para la restauración.

Para ello, la corporación encargó un informe jurídico externo en el que se analizaba si el restaurador había excedido las actuaciones autorizadas inicialmente, ya que el acuerdo contemplaba únicamente labores de conservación sobre la talla. Ese estudio abría la puerta a posibles acciones civiles, aunque finalmente no llegaron a ejecutarse.

Negociaciones fallidas y nuevas querellas

Durante meses también existieron conversaciones entre la hermandad, la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla y el propio Arquillo con el objetivo de alcanzar una solución pactada. Sin embargo, aquellas negociaciones no prosperaron.

Con la llegada de la nueva junta de gobierno y tras la posterior intervención realizada por Pedro Manzano, el conflicto parecía haberse enfriado. No obstante, la decisión de Arquillo reabre ahora la batalla judicial.

Además, el restaurador ya presentó anteriormente otra querella por presuntas injurias relacionadas con comentarios publicados en internet sobre este caso, aunque aquellas diligencias fueron archivadas inicialmente por cuestiones de procedimiento