El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha acordado procesar a un extrabajador de una farmacia del barrio de Los Remedios por la presunta grabación de sus compañeras de trabajo mediante una cámara oculta instalada en el cuarto de baño del establecimiento. El procedimiento continúa por un supuesto delito contra la intimidad, castigado con penas que pueden alcanzar los cuatro años de prisión.

Según el auto judicial, el investigado, de 63 años, habría aprovechado su puesto de trabajo para colocar un dispositivo de grabación camuflado en un objeto con apariencia de mando de apertura de un vehículo. La investigación sitúa estos hechos entre los años 2024, 2025 y principios de 2026, periodo durante el que, presuntamente, el aparato permaneció en el aseo para captar imágenes de las empleadas cuando utilizaban el baño o se cambiaban de ropa.

La existencia de la cámara salió a la luz cuando la pareja de una de las trabajadoras la encontró en el cuarto de baño al entrar en él. Tras comunicar el hallazgo a la empleada, esta informó a los responsables de la farmacia, que se entrevistaron con el trabajador para pedirle explicaciones. Después de esa conversación, el hombre abandonó el establecimiento y posteriormente fue despedido.

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Durante la investigación también se recogieron los testimonios de las trabajadoras y de otros testigos. Algunas de las empleadas señalaron que el dispositivo llevaba meses en el baño y explicaron que el sospechoso mostraba una actitud de nerviosismo cuando alguien manipulaba la llave donde supuestamente se ocultaba la cámara. Además, relataron que era habitual que utilizara el aseo el último y que, en ocasiones, animaba a sus compañeras a cambiarse de ropa en esa estancia.

Investigación judicial

El juez ha dado por finalizada la fase de instrucción y ha transformado las diligencias previas en un procedimiento abreviado, al considerar que existen indicios suficientes para continuar el proceso penal contra el investigado. La resolución se basa en el atestado policial, así como en las declaraciones de las denunciantes y de los testigos que han participado en la causa.

La investigación también refleja el impacto que estos hechos tuvieron en algunas de las víctimas. Varias trabajadoras manifestaron haber sufrido crisis de ansiedad al conocer que podían haber sido grabadas sin su consentimiento mientras hacían uso de un espacio reservado a su intimidad.

Los hechos se investigan como un presunto delito contra la intimidad previsto en el artículo 197 del Código Penal, que protege el derecho a la intimidad personal y familiar. Entre las conductas contempladas en este tipo penal se encuentra la captación de imágenes de carácter privado sin autorización de las personas afectadas.

En este caso, la causa se centra en la supuesta instalación de una cámara oculta en el baño de un centro de trabajo, un espacio especialmente protegido por el derecho a la intimidad. El procedimiento judicial seguirá ahora su curso para determinar la responsabilidad penal del ex empleado en los hechos que se le atribuyen.