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El debate sobre la regularización jurídica de las viviendas de La Barzola y Nueva Barzola ha vuelto al centro de la actualidad municipal tras el enfrentamiento entre el Gobierno local y el Grupo Municipal Socialista, ahora en la oposición. Mientras el Ayuntamiento defiende que el proceso ya está en marcha y avanza conforme a la legalidad vigente, el PSOE acusa al Ejecutivo de “dar la espalda” a las familias afectadas y de retrasar una solución largamente esperada.
La postura del Ayuntamiento
Desde el Consistorio se sostiene que no se ha rechazado la regularización de las viviendas, sino una propuesta concreta presentada en el último Pleno que, según argumenta, planteaba iniciar la concesión de títulos sin haber completado previamente los trámites legales obligatorios. El Gobierno municipal advierte de que actuar de ese modo podría generar inseguridad jurídica para las propias familias.
El Ayuntamiento asegura que la regularización es una prioridad y que ya existen actuaciones en marcha, con contratos activados e inversión específica. De las 844 viviendas del parque municipal afectado, 448 cuentan ya con procesos de depuración jurídico-patrimonial contratados. En concreto, 178 viviendas disponen de informes técnicos finalizados y otras 270, ubicadas en Nueva Barzola, se encuentran en fase de licitación, con una inversión comprometida superior a los 142.000 euros.
Asimismo, el Gobierno local recuerda que el procedimiento se rige por un convenio firmado en 2021 con Emvisesa, aprobado durante el anterior mandato socialista, que establece la depuración jurídico-patrimonial como paso previo imprescindible. También niega cualquier intención de privatización y subraya que las viviendas seguirán siendo de titularidad pública.
Las críticas del PSOE
Por su parte, el portavoz socialista, Antonio Muñoz, lamenta que PP y Vox rechazaran en Pleno una propuesta que, a su juicio, daba respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos. El PSOE reprocha al Gobierno municipal la falta de plazos concretos y de compromisos claros, así como la ausencia de transparencia sobre un estudio jurídico encargado por el propio Ayuntamiento.
Los socialistas consideran inaceptable iniciar la rehabilitación de los edificios sin garantizar al mismo tiempo la regularización jurídica de quienes los habitan desde hace décadas. Defienden que su iniciativa incluía un calendario definido, prioridad para personas mayores y familias vulnerables, participación vecinal y una partida presupuestaria específica para resolver de forma definitiva una situación que, aseguran, sigue generando incertidumbre entre los residentes.
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