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El Ayuntamiento de Sevilla responde a las críticas del PSOE sobre el precio de los alquileres de las viviendas de protección oficial entregadas el pasado 14 de julio por la empresa Emvisesa. Estos eran de 650 euros al mes, y según Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo, el costo es un 11% más bajo que la renta máxima fijada por el Ministerio de Vivienda.
El precio máximo es de 8,04 euros por metro cuadrado útil, y Emvisesa las está alquilando por 7,19 euros el metro cuadrado útil. «Ocultar este dato y limitarse a difundir la renta más alta de una vivienda, sin explicar su superficie, número de dormitorios ni características, no es fiscalizar, es manipular», ha comentado el teniente de alcalde.
Asimismo, De la Rosa ha criticado que «quienes únicamente entregaron 83 viviendas protegidas en ocho años pretenden ahora dar lecciones sobre vivienda pública y calidad constructiva», al igual que ha invitado al PSOE a preguntar a los propietarios de dichas viviendas por las deficiencias de ejecución y las reclamaciones existentes.
Además, ha pedido explicaciones por la retirada por parte del Ministerio, de una aportación de cuatro millones de euros anuales comprometida para construir vivienda pública en Sevilla mediante una simple comunicación por WhatsApp.
«El colmo de la desvergüenza»
El responsable de Urbanismo ha afirmado que es «el colmo de la desvergüenza» que el PSOE critique que los pisos de Emvisesa no incorporen muebles de cocina ni aparatos de aire acondicionado, ya que «en la historia de Emvisesa» las viviendas familiares, «nunca se han entregado con cocina instalada ni equipos de aire acondicionado».
El motivo, es que si se dotaran de cocina específicamente concebidas para ello, como los 58 de Sierra Castril, los 92 de Valdezorras y los previstos en R1 Fibes, responderían a una «tipología distinta y a necesidades específicas» de sus usuarios, no como las de Palmas Altas «están recibiendo continuos elogios de sus adjudicatarios, de los técnicos y de las distintas administraciones que han participado en su financiación, ejecución y seguimiento».
Igualmente, ha mencionado que «todas las administraciones» han respaldado esta promoción, incluida el Gobierno, y ha atribuido que «su propio Ministerio autorizó una renta superior a la que finalmente cobra la empresa municipal».
