El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha cargado contra el alcalde, José Luis Sanz, por continuar defendiendo la ampliación del recinto ferial pese a las incertidumbres que, según sostiene, rodean al proyecto. El dirigente socialista considera que la iniciativa acumula retrasos, falta de definición y observaciones técnicas que cuestionan su viabilidad.
Muñoz afirmó que el gobierno local no ha logrado despejar las dudas fundamentales sobre la actuación, como la disponibilidad de los terrenos necesarios, el coste definitivo de las obras o el sistema de financiación previsto. A su juicio, las últimas explicaciones ofrecidas por responsables municipales evidencian que el proyecto se encuentra lejos de la fase de ejecución que el alcalde ha venido anunciando.
Dudas sobre la tramitación
El portavoz socialista subrayó que las reservas ya no proceden únicamente de la oposición política, sino también de los órganos de control interno del Ayuntamiento. En este sentido, recordó que la Intervención municipal ha emitido observaciones relevantes tanto sobre la tramitación administrativa como sobre el modelo económico planteado para desarrollar la ampliación.
Según Muñoz, estos informes desmontan la imagen de un proyecto avanzado y consolidado que, asegura, el gobierno municipal ha tratado de transmitir durante los últimos meses. El dirigente socialista sostiene que persisten numerosas incógnitas y trámites pendientes antes de que la actuación pueda materializarse
Un modelo económico cuestionado
Uno de los principales puntos de controversia se centra en el sistema de concesión previsto para ejecutar las obras. De acuerdo con las observaciones de la Intervención, existen dudas sobre si las empresas adjudicatarias asumirían realmente el riesgo operativo exigido en este tipo de contratos.
El PSOE advierte de que el modelo podría derivar en una fórmula de pago aplazado a largo plazo para el Ayuntamiento. Según explicó Muñoz, ello supondría comprometer recursos municipales durante varias décadas, con efectos económicos que podrían extenderse hasta el año 2054.
Asimismo, el portavoz socialista llamó la atención sobre la diferencia existente entre la inversión inicialmente estimada para la actuación, cifrada en 48,6 millones de euros, y los compromisos económicos que el Ayuntamiento podría asumir mediante el pago de cánones, que alcanzarían los 99,3 millones de euros.
Además, destacó que la Intervención considera elevados los márgenes de rentabilidad previstos para las empresas participantes en comparación con los estándares habituales del sector.
Incertidumbre sobre los terrenos
Otro de los aspectos señalados por Muñoz es la situación de las parcelas necesarias para ejecutar la ampliación. El informe municipal alerta de los riesgos de licitar una concesión antes de que se complete formalmente la cesión de terrenos pertenecientes al Estado y a la Autoridad Portuaria.
El portavoz socialista advirtió de que avanzar en la contratación sin resolver previamente la titularidad y disponibilidad de estos suelos podría generar conflictos legales e incluso reclamaciones económicas contra el Ayuntamiento en el futuro.
Además, criticó que el alcalde haya atribuido parte de los retrasos al Gobierno de España cuando, según recordó, la solicitud formal de cesión de las parcelas no se realizó hasta febrero de 2026
Cambios en los plazos anunciados
Muñoz también cuestionó la evolución de los calendarios ofrecidos por el equipo de gobierno. Según recordó, la ampliación fue presentada inicialmente como una actuación inmediata, posteriormente se situó en el horizonte de 2027 y más tarde se trasladó a 2028.
A su juicio, el hecho de que el Ayuntamiento ya no pueda concretar una fecha de inicio refleja la falta de certezas que rodea al proyecto y la dependencia de factores que aún no controla plenamente.
La alternativa del PSOE
Pese a sus críticas al modelo planteado por el gobierno municipal, el portavoz socialista reiteró el respaldo de su formación a la ampliación de la Feria de Sevilla. No obstante, defendió que la actuación se lleve a cabo mediante inversión pública directa y no a través de una concesión que, en su opinión, encarecería el proyecto y limitaría la capacidad de control municipal.
Muñoz aseguró que una ejecución pública permitiría reducir costes, mantener la gestión de la infraestructura en manos del Ayuntamiento y evitar compromisos financieros prolongados en el tiempo.
El dirigente socialista concluyó reclamando al alcalde una mayor transparencia sobre el expediente, incluyendo información detallada sobre el coste final previsto, los cánones asociados, la situación jurídica de los terrenos, los informes pendientes y un calendario realista para el desarrollo de la ampliación.
Esta versión mantiene un tono informativo y periodístico, con estructura de noticia y lenguaje reformulado para minimizar coincidencias literales con el texto original.



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