La PAU, popularmente conocida como la Selectividad, es una de las pruebas más importantes a las que se enfrenta un estudiante, ya que da el acceso al grado que definirá su trayectoria profesional. Lucía, diagnosticada con autismo y altas capacidades, lo tiene más complicado que sus compañeros: a un mes de los exámenes, la malagueña todavía no sabe si va a disponer de las adaptaciones que le garantizarán realizarlos en igualdad de condiciones respecto al resto. 

«El sistema no está concienciado sobre este tipo de trastornos», expresa con cierta decepción la joven de 18 años, que solo requiere 30 minutos más en cada prueba. «Sin ese tiempo extra, quizá no suspendería, pero no me daría tiempo a terminar o repasar un examen en el que cada décima cuenta», explica.

Su madre, María García Bueno, confiesa que se siente «totalmente desamparada» por un sistema educativo al que considera «defectuoso» y que no sostiene a las familias y niños con necesidades específicas. Y es que tanto ella como su hija han vivido una odisea entre diagnósticos, burocracia y una resolución que no llega.

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Un diagnóstico que llegó tarde

El camino de obstáculos que ambas han recorrido hasta ahora comenzó en la ESO. Lo cierto es que Lucía siempre ha sido una alumna brillante. Precisamente, sus altas capacidades y sus calificaciones de sobresaliente nunca levantaron sospechas de sus dificultades. Sin embargo, en tercero de la ESO comenzaron a aparecer las primeras señales: no conseguía terminar los exámenes a tiempo.

«Le decían que no apretara tanto el boli y que organizara mejor su tiempo», cuenta su madre. María relata que este problema persistió durante el curso siguiente, cuarto de la ESO, año en el que, dice, el departamento de Orientación del centro donde estudiaba no le proporcionó la atención que necesitaba.

«Con el tiempo entendí por qué. El departamento de Orientación estaba desbordado, con bajas que no se cubrieron adecuadamente, entre ellas una por maternidad y otra por jubilación. Había desorden, falta de continuidad, y en ese contexto mi hija pasó desapercibida», denuncia María.

La situación cambió con su cambio de centro y su llegada al Bachillerato Internacional. El patrón se repetía: dificultades para finalizar los exámenes en el tiempo establecido. Esta vez, sin embargo, la derivación a un nuevo servicio de Orientación dio lugar a una valoración más precisa. El diagnóstico llegó meses después: trastorno del espectro autista de nivel 1, acompañado de altas capacidades. 

«Ese diagnóstico tuvimos que buscarlo por la vía privada, porque el sistema público no lo cubre en estos casos», señala la madre de Lucía.

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Media hora decisiva

Con el diagnóstico ya confirmado, la familia inició el proceso para solicitar adaptaciones en la PAU. En el caso de Lucía, la medida más importante es disponer de tiempo adicional — 30 minutos— en los exámenes, una adaptación habitual para estudiantes con necesidades específicas. 

«La orientadora presentó la solicitud de la adaptación tanto para la Selectividad del Bachillerato Internacional como para la de la administración pública. En el primer caso, se la concedieron. En el segundo, no». El motivo, según María, se basa en que la alumna no había sido diagnosticada durante una etapa previa al Bachillerato, lo que impediría aplicar estas medidas en la prueba de acceso a la universidad.

«No hay un criterio claro sobre qué se entiende por ‹etapa previa›. En un primer momento nos dijeron que se referían a la ESO. Después, en reuniones con otros padres y con Orientación Educativa, empezaron a hablar del Bachillerato como etapa previa a la prueba. Pero aun así, de momento, la respuesta sigue siendo negativa», apostilla.

«Si un alumno se rompe una mano, se le adapta el examen. El problema es que el autismo no se ve»

En este mar de confusión llevan remando madre e hija desde hace ya más de un año. Ahora están a la espera del Anexo II, el documento que necesitan para la resolución de su caso. Según les han informado desde Delegación de Educación, la administración «está revisando cada caso dentro de los plazos». Sin embargo, esto no es suficiente para las malagueñas, que denuncian una situación de «incertidumbre» e «injusticia».

«Si un alumno se rompe una mano, se le adapta el examen. El problema es que las necesidades educativas especiales, como el autismo, no se ven, pero estos niños también se merecen ser atendidos», concluye.

Por su parte, Lucía, también llama a la reflexión: «Al sistema le falta conciencia sobre lo versátiles que pueden ser estos trastornos y además hay factores que dificultan los avances, como los ratios tan altos de alumnos. En mi caso, me he sentido varias veces a la deriva».