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Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el conjunto de los acusados, nueve en total, «desde el año 2015 y hasta el mes de febrero de 2017 ha desarrollado diversas actuaciones concertadas y dirigidas» por P.J.R.J. como líder de la organización investigada, «con el fin de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial». acusados estafas préstamos
A juicio nueve acusados de una macro trama de estafas con préstamos para compras
La Fiscalía de Sevilla reclama seis años y medio de cárcel, para el líder de una trama delictiva de la que formaban parte otras ocho personas, dedicadas presuntamente a la «obtención fraudulenta directa de créditos personales o al consumo», para la adquisición de vehículos o electrodomésticos «suplantando la identidad de terceras personas cuya documentación había sido previamente extraviada o sustraída», para obtener así un «ilícito enriquecimiento patrimonial».
Ello, de cara al juicio previsto contra todos ellos por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla desde este jueves, con sesiones programadas incluso en marzo.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el conjunto de los acusados, nueve en total, «desde el año 2015 y hasta el mes de febrero de 2017 ha desarrollado diversas actuaciones concertadas y dirigidas» por P.J.R.J. como líder de la organización investigada, «con el fin de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial».
La Fiscalía explica que por un lado, los miembros de la red estarían involucrados en «la adquisición fraudulenta de diversos efectos patrimoniales tales como vehículos a motor o electrodomésticos en establecimientos abiertos al público, cuya compra era financiada por las correspondientes entidades de crédito, mediante la obtención fraudulenta directa de créditos personales o al consumo en entidades financieras».
«Con dicha finalidad, los acusados suplantaban la identidad de terceras personas cuya documentación había sido previamente extraviada o sustraída, utilizando sus datos personales para abrir cuentas corrientes a su nombre y elaborar documentos aparentemente reales que no se correspondían con la verdad, tales como nóminas, certificados de empadronamiento, certificados de retenciones», precisa la Fiscalía.
CON «DATOS IRREALES»
Esta documentación con «datos irreales» era elaborada bien directamente o bien por terceras personas desconocidas a las que encomendaba dicha labor el acusado P.J.R.J., explica el Ministerio Fiscal.
El cabecilla de la trama, como indica el Ministerio Público, suministraba después esta documentación a los demás acusados, quienes, «con pleno conocimiento de su manipulación y participando del beneficio ilícito obtenido, realizaban directamente la compra de los bienes en un establecimiento comercial, previa obtención de la financiación fraudulenta, actuando de esta forma en una o varias ocasiones».
En otras ocasiones, algunos de los acusados proporcionaban sus propios datos al acusado P.J.R.J., «a cambio de una participación en los beneficios ilícitos que obtuviese, con el fin de que el mismo, utilizando dichos datos, abriese cuentas bancarias a su nombre para su posterior manipulación o elaborase directamente o a través de terceras personas documentos irreales que sirvieran para obtener financiación directa en forma de préstamos personales de entidades de crédito», prosigue el escrito de acusación, que detalla todas y cada una de las operaciones atribuidas a los inculpados.
NUMEROSOS DELITOS
Para la Fiscalía, los hechos constituyen un presunto delito de grupo criminal, un delito agravado de estafa, un delito continuado de falsedad en documento mercantil y el mismo delito pero sobre documento privado, un delito continuado de estafa en concurso con los dos anteriores delitos, otro delito de estafa pero simple con las mismas concordancias de tipo; un delito más de estafa en los mismos términos y un delito de receptación.
Dado el caso, la Fiscalía reclama para P.J.R.J. un total de seis años y medio de prisión, mientras para otros cuatro acusados pide tres años y medio de prisión y para otros dos encartados hasta tres años de cárcel, como principales peticiones de condena.
