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La Consejería de Hacienda de la Junta ha perdido al Gobierno central los detalles del nuevo modelo de financiación automática que el ministro Arcadi España, está dispuesto a aprobar y que diseñó María Jesús Montero. Esta disparidad de opiniones entre ambos partidos políticos lleva varios meses. Pero la situación ha cambiado a algo más técnico desde la salida de la secretaría general del PSOE al Gobierno Central.
Este miércoles se habían citado el Ministerio de Hacienda y todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar las bases de ese nuevo modelo de reparto de fondos entre las autonomías. Pero finalmente se ha accedido a la petición de las comunidades que gobierna el PP, entre ellas Andalucía, que han solicitado que se posponga hasta el mes de septiembre por falta de tiempo para estudiar los detalles de la propuesta.
El Gobierno andaluz critica que carece de simulaciones globales y uniformes para evaluar el impacto económico del modelo en su conjunto. De igual modo, señala la falta de un desglose sobre los fondos de nivelación vertical, que consisten en la aportación extra de la Administración central destinada a aumentar las inversiones en sanidad, educación pública y políticas sociales. Este aspecto resulta crucial, ya que los desequilibrios suelen originarse en las pautas de distribución.
Por otro lado, el Gobierno y el PSOE sostienen que este sistema reportaría a Andalucía 5.700 millones de euros adicionales cada año. No obstante, el PP difiere de esta postura, argumentando que la región no saldrá beneficiada; según sus proyecciones, cada habitante andaluz percibirá anualmente 389 euros menos que uno catalán y 149 euros por debajo de la media nacional.
El encuentro se pospone hasta el 4 septiembre
Finalmente, el encuentro se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre, fecha en la que el ministro confía en su aprobación. Hasta la fecha, Canarias y Cataluña son las únicas comunidades que han confirmado su postura favorable, en un contexto donde la propuesta del ministerio, basada en el pacto entre el Gobierno y ERC, suscita dudas en autonomías lideradas por el PSOE, como Asturias o Castilla-La Mancha.
