Este lunes 20 de abril arranca en Andalucía la atención presencial dentro del nuevo proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno, un procedimiento que podría beneficiar a unas 60.000 personas en la comunidad autónoma, según estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que dio origen a la medida.

La entidad calcula que en Andalucía residen actualmente algo más de 1,2 millones de personas nacidas en el extranjero, de las cuales alrededor de 100.000 se encuentran en situación administrativa irregular. En este contexto, se prevé la presentación de unas 90.000 solicitudes en la comunidad, de las que aproximadamente 60.000 podrían ser finalmente aprobadas si se cumplen los requisitos establecidos en el Real Decreto aprobado por el Gobierno.

Los migrantes en España ya pueden solicitar la regularización de manera telemática

A nivel estatal, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una regularización extraordinaria que podría alcanzar a medio millón de personas migrantes en toda España. El proceso establece condiciones concretas: haber residido en el país antes del 1 de enero de 2026, acreditar una permanencia mínima de cinco meses continuados en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público o la seguridad.

Inicio del dispositivo presencial

El procedimiento comenzó de forma telemática el pasado 16 de abril, fecha desde la que también se pueden solicitar citas para la tramitación presencial. Sin embargo, es este 20 de abril cuando se activa la atención directa en oficinas públicas.

El dispositivo habilitado incluye más de 370 oficinas de Correos, más de 60 centros de la Seguridad Social y cinco oficinas de Extranjería distribuidas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subrayado que la atención se realizará exclusivamente con cita previa y en franjas horarias específicas para evitar interferencias con otros trámites administrativos.

Las solicitudes presenciales podrán presentarse de lunes a viernes: en la Seguridad Social de 16:00 a 19:00 horas, en Correos de 8:30 a 17:30 horas y en las oficinas de Extranjería en el mismo horario de tarde.

Cita previa obligatoria y canales de acceso

El acceso al sistema requiere cita previa, que puede gestionarse a través del portal del Ministerio mediante el sistema Cl@ve, un formulario web o el teléfono 060, disponible de lunes a viernes. Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente los datos de contacto, ya que las notificaciones se enviarán por la vía utilizada en la solicitud. En caso de representación, las comunicaciones se dirigirán a la persona designada como representante legal.

Requisitos y plazos del proceso

Podrán acogerse a esta regularización quienes hayan solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o quienes se encuentren en situación administrativa irregular y acrediten su llegada al país antes de esa misma fecha. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 30 de junio, tanto en formato telemático como presencial.

Las personas que obtengan resolución favorable accederán a una autorización de residencia y trabajo con vigencia inicial de un año, además de un número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria autonómica. Posteriormente, podrán incorporarse a las vías ordinarias de residencia previstas en la normativa de extranjería.

Debate jurídico sobre la apatridia

La medida ha generado debate tras el informe del Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, que recomendó excluir a los solicitantes de apatridia del procedimiento. El dictamen argumenta que estos casos ya cuentan con un marco jurídico específico y diferenciado dentro del sistema español.

Según datos de 2025, se registraron más de 3.000 solicitudes de apatridia en España, con 2.242 expedientes resueltos. El Consejo de Estado considera “desaconsejable” mezclar este régimen con el de protección internacional, por tratarse de figuras legales distintas.

Finalmente, el Gobierno ha decidido limitar la inclusión a solicitantes de protección internacional, dejando fuera a las personas en situación de apatridia en este proceso extraordinario.