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La entrada en vigor provisional del Tratado, fijada para el próximo 15 de julio, se presenta oficialmente como el inicio de una era de comodidad, fluidez fronteriza y avances. En palabras del secretario de Estado de Exteriores, Diego Martínez Belío, la cuestión medioambiental es «un asunto abordado y de los más relevantes en el acuerdo de Gibraltar».
Sin embargo, la reciente Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha destapado una profunda brecha entre el discurso político de Madrid y la realidad técnica en el Estrecho Oriental. Así lo demuestran los expertos en derecho internacional que han profundizado en el articulado y los anexos del citado acuerdo bilateral.
Frente al relato institucional de la «buena vecindad» —utilizado a menudo en la provincia de Cádiz como un silenciador para no poner en riesgo los 15.000 empleos transfronterizos—, los datos y las leyes demuestran que el medio ambiente es el gran sacrificado de la negociación. La lista de agravios es larga: los rellenos de la cara este del Peñón, el vertido de aguas residuales y, echando la vista atrás, la polémica ampliación del suelo gibraltareño en el litoral de poniente.
La interpelación: Carlos Floriano (PP)
La interpelación: Carlos Floriano (PP)
En la Comisión de Exteriores, el portavoz del Partido Popular, Carlos Floriano, puso el foco en el megaproyecto urbanístico Eastside, ubicado en la cara este del Peñón. Floriano denunció que Gibraltar avanza mediante una política de hechos consumados, ejecutando rellenos masivos en aguas que el Tratado de Utrecht de 1713 «nunca cedió al Reino Unido».
El diputado calificó la situación como una expansión física ilegal sobre unas aguas «de soberanía española según Utrecht» y cuestionó con dureza la credibilidad del Gobierno central. Exigió saber por qué, si el nuevo acuerdo con la UE supuestamente «refuerza la cooperación», España no exige el cese inmediato de unas obras que agreden la integridad territorial y el patrimonio natural del país. Floriano puntualizó que se están «creando nuevos terrenos sobre el mar, consolidando obras que implican la expansión física de Gibraltar sobre la soberanía española», en referencia a las aguas que rodean la colonia británica.
El diputado popular sacó a relucir las declaraciones del ministro Albares, quien afirma que el acuerdo «refuerza la cooperación medioambiental». Frente a esto, Floriano criticó «la pasividad del Gobierno, difícil de entender». «La cooperación es compatible con la firmeza. Es muy importante defender nuestra posición en un acuerdo calificado de histórico que, sin embargo, mira hacia otro lado mientras está en juego la soberanía, la integridad territorial y la integridad medioambiental», concluyó.
Diego Martínez Belío, secretario de Estado de Exteriores
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez Belío, admitió la gravedad del problema. Coincidió con la oposición en que los rellenos se realizan en aguas españolas y constituyen una «violación de la soberanía e integridad territorial de España», además de una transgresión de la normativa ambiental europea en la Zona de Conservación del Estrecho Oriental. Sin embargo, las soluciones presentadas por el número dos de Exteriores evidenciaron las limitaciones de la vía administrativa, aunque sin descartar la vía judicial.
Martínez Belío argumentó que el Gobierno actúa con «firmeza» mediante el envío de notas verbales y escritas al Reino Unido para transmitir el malestar general y evitar que se consolide una «aquiescencia en esa soberanía española».
Añadió que desde 2022 se prohíbe el paso de camiones con escombros hacia el Peñón y que el Ministerio para la Transición Ecológica busca abrir un procedimiento sancionador junto con Hacienda, la Agencia de Aduanas y la Guardia Civil. Paralelamente, la Fiscalía intenta reactivar la acción judicial promovida por Verdemar Ecologistas en Acción, recurriendo un auto de la Audiencia Provincial que sobreseía el caso. A pesar de las críticas, Martínez Belío defendió firmemente que la cuestión medioambiental es «un asunto abordado y de los más relevantes en el acuerdo», sentenció.
Los expertos desmienten el optimismo oficial
Frente a las promesas del Gobierno de usar el nuevo acuerdo para «evitar daños mayores», las rigurosas investigaciones del doctor Jesús Verdú Baeza, profesor de Derecho Internacional de la UCA y director del Campus de la Bahía de Algeciras, desmontan por completo el optimismo oficial.
En su estudio ‹El Tratado sobre Gibraltar y la protección del medio ambiente›, califica la regulación del texto como un «exceso hiperbólico de retórica» que esconde una preocupante regresión jurídica y estructural respecto al Protocolo de Retirada de 2019. El análisis del doctor Verdú desarma la posición del Ejecutivo al desvelar un escenario de impunidad sobre el terreno y una desprotección jurídica que anula la capacidad de fiscalización de España.
En cuanto al impacto ecológico real, la primera gran contradicción radica en la omisión deliberada de los rellenos marinos. Pese a que el mandato negociador de la Unión Europea de 2021 exigía explícitamente regular estas prácticas, el megaproyecto Eastside ni siquiera se menciona en el Tratado, otorgando vía libre a la expansión física de Gibraltar.
A este silencio normativo se suma el abandono explícito del derecho comunitario como marco común. El artículo 219 del Tratado consagra la «facultad discrecional» de cada parte para fijar sus políticas, lo que permite a la colonia eludir las directrices medioambientales europeas a cambio de una vaga promesa de mantener niveles equivalentes.
Esta desconexión legal se traduce en una vulneración constante de la Red Natura 2000. Los rellenos invaden la Zona Especial de Conservación del Estrecho Oriental, blindada por un Real Decreto español de 2012 que prohíbe taxativamente ganar terreno al mar.
Bajo este vacío, Gibraltar continúa vertiendo la totalidad de sus aguas residuales sin depurar a este espacio protegido, ignorando los preceptos del Convenio de Espoo sobre impacto ambiental transfronterizo. Lejos de ser un debate meramente técnico, esta degradación actúa como un factor de distorsión social que fractura las relaciones cotidianas en el Campo de Gibraltar, frustrando las demandas históricas de la sociedad civil.
La segunda quiebra del Tratado se localiza en su propia estructura operativa, diseñada bajo una evidente debilidad jurídica. Al renunciar a la obligatoriedad de la legislación ambiental europea, el texto descarta por completo el recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), perdiendo el único órgano capaz de emitir fallos vinculantes.
En su lugar, el artículo 223 saca los temas ecológicos del marco general del acuerdo y los relega a los artículos 235, 236 y 237, sustituyendo las garantías judiciales por un tibio proceso de consultas políticas. Si estas fracasan, la solución queda en manos de un comité de tres expertos cuyos informes se limitarán a un dictamen no obligatorio, generando una enorme incertidumbre regulatoria y un evidente vacío institucional que excluye por completo a los actores locales y autonómicos que sí participaban en el blindaje del Acuerdo de Retirada de 2019.
La asimetría del mercado de emisiones: artículos 9, 16 y 220
El contraste definitivo se encuentra en el plano económico y climático. El Tratado eleva la lucha contra el cambio climático a «elemento esencial». Tanto es así que el artículo 16 puede, ni más ni menos, conducir a la terminación o suspensión del tratado, pues define los elementos fundamentales de la cooperación establecida y entre ellos se incluye explícitamente el compromiso en esta materia. Además, el artículo 220 obliga a mantener sistemas de tarificación de emisiones de carbono u otras medidas equivalentes de reducción de emisiones.
La contradicción surge al analizar la realidad portuaria: mientras que el puerto de Algeciras cumple estrictamente con el rígido sistema de comercio de emisiones de la UE (EU ETS), lo que encarece sus costes comerciales, el puerto de Gibraltar carece por completo de él. Según la investigación del doctor Verdú, la interpretación conjunta de los artículos 9 y 220 del tratado conduce a la posibilidad real de exigir de inmediato un sistema de comercio de emisiones en el puerto de Gibraltar equivalente al de la Unión Europea.
De no implementarse, la UE tendría la cobertura legal suficiente para solicitar la terminación o suspensión del tratado. No hacerlo perpetuará una competencia desleal y lesiva para el Campo de Gibraltar en un Estrecho por el que navegan 120.000 buques al año.
El careo entre el debate parlamentario y la realidad jurídica demuestra, en definitiva, que el Tratado de 2026 ha utilizado el medio ambiente para que esté sin estar, sustituyendo la aplicación directa del derecho europeo por una retórica vacía.
El análisis tecnócrata pone de manifiesto que la diplomacia de despacho ha consolidado un espacio de total impunidad ecológica en la cara este del Peñón, sacrificando el patrimonio natural de la Bahía en nombre de una prosperidad que nace profundamente asimétrica en su vertiente ecológica. Se pierde, de este modo, una oportunidad histórica única de ordenación y protección en un espacio territorial crítico, custodiado por el Parque Natural del Estrecho, el Parque de los Alcornocales, la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo y la Zona Especial de Conservación del Estrecho Oriental.
