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El secretario general del PSOE de Cádiz y expresidente de la corporación provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, ha comparecido ante los medios para exigir responsabilidades a la cúpula del PP tras las actuaciones judiciales desarrolladas por la Guardia Civil en la Diputación de Cádiz.
El líder socialista asegura estar «expectante» ante los hechos acaecidos, al tiempo que manifiesta una profunda estupefacción ante una investigación que afecta de forma directa al entorno de gestión de Germán Beardo, vicepresidente cuarto de la institución y alcalde de El Puerto de Santa María. Ante la gravedad de los presuntos delitos económicos rastreados, el principal representante de la oposición ha reclamado una quiebra del silencio institucional y un ejercicio de coherencia a los mandatarios populares.
Denuncia explícita de una «doble moral» política
La intervención del exdirigente provincial ha pivotado sobre una severa crítica a la asimetría moral que, a su juicio, exhiben los dirigentes del Partido Popular en el ámbito autonómico.
Ruiz Boix ha censurado que la formación que habitualmente ejerce una posición de fiscalización implacable y punitiva hacia las administraciones socialistas opte por la opacidad cuando los requerimientos de información por presunto blanqueo de capitales —una tipificación penal que persigue la introducción de dinero de origen ilícito en los cauces del sistema económico legal— salpican a sus propias sedes de gobierno.
El dirigente socialista ha hecho hincapié en que esta es ya la segunda institución provincial bajo la tutela política de Juanma Moreno que se ve afectada por una investigación de esta naturaleza penal.
En este sentido, el secretario general de los socialistas gaditanos ha instado al presidente provincial de los populares a aplicar idéntico rasero al que exigen de forma sistemática a sus adversarios. Ruiz Boix ha reclamado textualmente que el Partido Popular, al que ha acusado de actuar habitualmente como un implacable Torquemada inquisidor en la exigencia de dimisiones, reflexione de manera inmediata sobre los acontecimientos.
Asimismo, el líder de la oposición ha demandado que los gestores de la institución provincial relaten con absoluta nitidez qué está ocurriendo en las dependencias públicas y asuman las correspondientes responsabilidades políticas ante una actuación judicial motivada por un presunto delito de blanqueo.
Presión institucional sobre la coalición de gobierno
El alcance de las reclamaciones del grupo opositor no se ha limitado al partido mayoritario, sino que busca fracturar la estabilidad del propio ejecutivo provincial mediante una interpelación directa a sus aliados estratégicos. Desde el grupo socialista, el portavoz en la Diputación, Javier Pizarro, ha pedido a la presidenta, Almudena Martínez del Junco, la máxima transparencia ante los registros que ha realizado la Guardia Civil en las dependencias técnicas.
El representante de la formación socialista ha reclamado una valoración inmediata a los miembros de La Línea 100×100, formación municipalista que actúa como socio minoritario indispensable en el actual pacto de gobierno que rige la corporación provincial.
La estrategia de fiscalización de la bancada socialista pretende forzar de este modo un pronunciamiento inequívoco del socio de coalición para que abandone su calculada neutralidad parlamentaria en el palacio provincial.
Pizarro les ha advertido de que, como parte activa del ejecutivo de la Diputación de Cádiz, tienen la obligación inexcusable de actuar con total claridad pública ante la ciudadanía. Con este requerimiento formal, la oposición les ha emplazado directamente a explicar si poseían algún tipo de conocimiento previo sobre las irregularidades administrativas investigadas y si comparten políticamente los graves acontecimientos que se están sucediendo en el Edificio Roma.
