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Tras las advertencias emitidas por el tejido vecinal y colectivos como Agaden-Ecologistas en Acción sobre la «industrialización sin precedentes» de este pulmón verde, el pleno municipal extraordinario ha tomado cartas en el asunto para definir la hoja de ruta y el protocolo administrativo que regirá a partir de ahora.
Vía libre al suelo, pero sin licencias de obra
El alcalde de Tarifa, Pepe Santos, ha salido al paso de la inquietud ciudadana aclarando que lo aprobado en el pleno extraordinario supone exclusivamente la culminación del procedimiento urbanístico en torno al suelo rústico municipal.
El Consistorio defiende que el expediente cumple estrictamente con la normativa territorial y cuenta con los informes preceptivos favorables del Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Andalucía. Ante la presión, el ejecutivo local justifica el movimiento como un «ejercicio de responsabilidad institucional» frente a una infraestructura catalogada como estratégica a nivel supramunicipal.
Sin embargo, el alcalde ha dejado claro el límite local: la ejecución material de las plantas sigue totalmente congelada y condicionada a que la promotora obtenga el resto de autorizaciones administrativas sectoriales y las licencias de edificación finales.
Dos macroplantas en el punto de mira
La preocupación ecologista radica en el impacto acumulativo de las dos macroinstalaciones proyectadas de forma adyacente en el Puerto de la Cruz. Por un lado, la S.T. Palmosilla, un mastodóntico complejo de baterías de litio de 200 MW promovido por Rolwind que ocupará unas 10 hectáreas. La segunda en lides, la PB Babor 7, una planta de almacenamiento masivo contigua, de 66 MW de potencia, impulsada por Arena Green Power.
Ambas compartirían infraestructuras de evacuación y subestaciones eléctricas permanentes.
A este respecto, el primer edil tarifeño justificó la idoneidad técnica del enclave durante el pleno al recordar que «una de las condiciones es que haya una subestación cerca, y nosotros tenemos dos». Para los colectivos locales, sin embargo, la tramitación de estos expedientes de forma fragmentada es una trampa legal que camufla un único y masivo proceso de industrialización del paisaje tradicional y agroganadero de la comarca.
«No es una planta, es transformar un territorio»
La lectura de la oposición municipal cambia radicalmente la versión.
Desde las filas ecologistas y vecinales acusan al equipo de gobierno de ponerse de perfil y escudarse en los informes de Sevilla y Madrid para esquivar el debate de fondo. Los portavoces de Agaden-Ecologistas en Acción han sido contundentes al advertir que lo que se está dirimiendo en Tarifa ya no es la instalación de un simple almacén de baterías, sino «la transformación irreversible de todo un territorio de alto valor natural». Para el colectivo, levantar una mole industrial de esas dimensiones a escasos metros del parque natural es, directamente, «una aberración» ambiental y paisajística.
En los mismos términos de desconfianza se mueven en la formación Verdes de Europa-Tarifa, cuyos representantes registraron una petición de urgencia previa a la sesión alertando sobre la falta de seguridad jurídica del proceso. La formación sostiene que seguir adelante con la vía urbanística municipal teniendo aún en el aire los recursos contra el Ministerio es una temeridad que ignora las lagunas de la evaluación ambiental y el cumplimiento de la Directiva Hábitats.
La exigencia vecinal solicita al alcalde que elija abiertamente entre defender el modelo rural y turístico del Valle de la Luz o abrirle las puertas a la especulación de las macrorenovables.
Una batalla en tres frentes
Que se haya levantado el blindaje del suelo municipal no significa, ni mucho menos, que las máquinas vayan a entrar mañana en el Valle de la Luz. El futuro de la zona va para largo y se va a decidir en un laberinto de despachos que ahora mismo escapa al control del propio Ayuntamiento.
La primera batalla se librará en Madrid, con los recursos de alzada que Verdes de Europa y los ecologistas tienen plantados ante el Ministerio. Lo que buscan es tumbar la estrategia de las empresas de ir troceando los proyectos, obligando al Estado a evaluar el impacto real de todo el conjunto de golpe.
A esto hay que sumar la lupa que el Ayuntamiento promete poner sobre las llamadas medidas correctoras. Las alegaciones de los vecinos por los ruidos, el destrozo del paisaje y el peligro para la fauna ya se han tramitado, pero ahora la pelota está en el tejado de las promotoras. Van a tener que sudar para demostrar sobre el papel que meter miles de baterías de litio ahí no va a ser una escabechina para las aves, teniendo en cuenta que es un pasillo migratorio crítico entre Los Alcornocales y El Estrecho.
Al final, el último cartucho lo sigue teniendo guardado Tarifa en su propio ayuntamiento. Por mucho que el pleno haya validado el suelo, la llave para dar la licencia de obras definitiva y el permiso de actividad la tiene el municipio. Y el gobierno local no piensa regalarla. El alcalde ha sido tajante al asegurar que no se va a ver ni un saco de cemento en el Valle de la Luz mientras las empresas no traigan aprobada hasta la última autorización sectorial que exigen la Junta de Andalucía y el Gobierno central.
Es un escenario que recuerda inevitablemente a lo que pasó con el parque eólico ‘Arrebol’. Aquel proyecto se fue al traste en este mismo rincón por los informes ambientales en contra, lo que deja claro que estas macroplantas no son intocables. Tras el tenso pleno de hoy, la pelea política y vecinal deja los despachos del pueblo y se traslada directamente a los ministerios.
