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Tarifa se extiende mucho más allá de Valdevaqueros, el surf y las playas de arena canela. En el interior, en la zona que rodea el Santuario de la Virgen de la Luz, nos encontramos con un entorno único donde el paisaje, el ganado y la paz que recorre su zona verde están librando una batalla administrativa crucial.
La organización Agaden-Ecologistas en Acción ha lanzado una advertencia urgente este fin de semana: la implantación conjunta de los macroproyectos energéticos autorizados preliminarmente supondrá una «transformación sin precedentes» en el término municipal. El colectivo ha presentado alegaciones conjuntas para evitar que un pasillo ecológico vital, encajado entre los parques naturales de Los Alcornocales y El Estrecho, quede sepultado de de forma irreversible.
La trampa de la fragmentación
Para los ecologistas de Agaden —que cuentan con el respaldo de vecinos y colectivos locales—, el problema no es solo la llegada de la industrialización y la maquinaria pesada a la zona, sino cómo se está gestionando el proceso. La agrupación ecologista denuncia que tramitar los expedientes uno por uno, de forma fragmentada, es una trampa legal que camufla el impacto real.
No dudan en calificar este planteamiento como el preludio de «una transformación sin precedentes». Esta fragmentación por proyectos es, para la agrupación ecologista, un auténtico engaña bobos.
«La coexistencia de dos grandes instalaciones de almacenamiento, una infraestructura de evacuación compartida y nuevas instalaciones eléctricas asociadas demuestra que nos encontramos ante un proceso de industrialización del territorio que debe valorarse en su conjunto» — afirman con rotundidad desde el colectivo.
Añaden, además, que analizar cada expediente por separado impide conocer «los impactos generales que soportarán el paisaje, la biodiversidad, la actividad agroganadera y la calidad de vida de los vecinos de la zona».
El despliegue de las macroplantas de baterías
Con el foco del debate centrado en la acumulación de infraestructuras permanentes, las cifras técnicas sobre el papel revelan la verdadera magnitud de la fisonomía industrial proyectada por el proyecto ‘S.T. Palmosilla’ y el proyecto ‘PB Babor 7’.
El primero de ellos consiste en un enorme centro de almacenamiento de baterías de litio diseñado para ocupar unas diez hectáreas de suelo rústico con centenares de contenedores, subestaciones y tendidos eléctricos permanentes.
La segunda propuesta es una macroinstalación de almacenamiento energético masivo con una potencia planteada de 66 MW que compartiría la red de evacuación y subestaciones eléctricas.
Este despliegue de hormigón y cables en mitad de una ruta migratoria clave para las aves ha terminado por desatar la indignación vecinal. Se pone así en jaque la evolución del turismo de naturaleza y la actividad agroganadera tradicional, los dos motores que han sostenido la economía local sin destruir el entorno.
Un precedente oficial: la caída de ‘Arrebol’
El conflicto actual por las baterías se produce justo cuando el territorio viene de sumar un precedente clave. Cabe recordar que un tercer proyecto en liza ha quedado fuera de la trama tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del desistimiento de los adjudicatarios.
Se trata del parque eólico ‘Arrebol’ —que planeaba levantar en el mismo valle cinco aerogeneradores gigantescos de casi 200 metros de altura—, cuya tramitación fue formalmente archivada por el Ministerio debido a la inviabilidad ambiental derivada de los informes desfavorables. Este hito administrativo da alas a las exigencias de los colectivos, que ven viable tumbar el resto de las infraestructuras si se evalúan con el mismo rigor técnico.
El Ayuntamiento tiene la última palabra
La caída del gigante eólico demuestra que las declaraciones de impacto son cruciales, pero en el plano local, la ley deja la llave del futuro en manos del Ayuntamiento de Tarifa. Al tratarse de suelo rústico, el Consistorio conserva intactas sus competencias urbanísticas para autorizar o denegar estas actuaciones extraordinarias.
Es el alcalde y su equipo quienes deben decidir —bajo criterios de interés público o social— si las plantas de almacenamiento de baterías son realmente compatibles con la protección del territorio. Dada la creciente inquietud en las calles, los vecinos exigen ya un pronunciamiento público claro e inmediato.
Tarifa tiene enfrente un momento complicado. Su Valle de la Luz, que durante siglos ha visto pasar a los romeros y ha servido de refugio para la biodiversidad del Estrecho, espera ahora saber si seguirá siendo el pulmón verde de la comarca o el próximo gran polígono de almacenamiento energético de la provincia. La decisión municipal ante las plantas de baterías no solo cambiará el paisaje del valle; podría cambiar, para siempre, la propia identidad de Tarifa.
