Un total de 60 personas podrían quedarse sin hogar. Esta es la situación en la que se verían envueltos los usuarios de la residencia San Sebastián del municipio sevillano de Cantillana. Existe un procedimiento de desahucio en marcha cuyo lanzamiento podría consumarse en enero tras la falta de acuerdo con la entidad bancaria responsable. El centro está destinado al cuidado de personas de «extrema vulnerabilidad» que cuentan con una discapacidad intelectual.
La fundación SAMU gestiona este centro concertado con la Junta de Andalucía desde 2010 y aseguran «llevar años» tratando de efectuar la compra con la entidad bancaria «sin obtener respuesta». La titularidad del citado centro pasó a manos de la Sareb en 2015, y «tras un primer intento de desalojo», la fundación consiguió mantener el contrato de arrendamiento.
Implicación de las administraciones
Por ello, desde el Ayuntamiento de Cantillana piden a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que inicie una «negociación efectiva» pidiendo «responsabilidad y diálogo».
Se trata de un centro destinado al cuidado de personas con discapacidad. La alcaldesa de Cantillana, Rocío Campos, se ha adentrado en esta problemática expresando su «firme compromiso» con los 60 usuarios. «Todo eso merece protección. Cualquier decisión sobre este inmueble debe tener en cuenta cómo afecta a sus vidas y a la tranquilidad de sus familias», ha señalado la regidora.
Con todo, Campos ha asegurado que el Ayuntamiento prestará, dentro de sus competencias, «todo el apoyo que esté a su alcance» a usuarios y familias, al tiempo que ha pedido la «implicación» de las administraciones competentes.
Personas con discapacidad intelectual
La residencia San Sebastián ofrece atención integral y especializada a personas con discapacidad intelectual y alteraciones conductuales. Su trabajo combina la atención individualizada, el desarrollo de la autonomía personal y social y el acompañamiento cotidiano.
La fundación ha trasladado al juzgado la dimensión social del caso y las consecuencias que tendría el desalojo del centro, sin haber obtenido respuesta del órgano judicial por el momento.




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