La provincia de Cádiz intensifica su ofensiva contra el colapso ambiental y económico que genera el alga exótica invasora Rugulopterix okamurae en su litoral. Ante la inminente temporada de baño, el Grupo de Trabajo Estable sobre el Alga Invasora ha mantenido un encuentro telemático para coordinar un plan de choque que incluye la inyección de 605.000 euros destinados a los nueve municipios gaditanos más castigados por la llegada masiva de estos arribazones.

Este órgano de análisis y puesta en común, impulsado por el Área de Transición Ecológica de la Diputación, estuvo presidido por el vicepresidente segundo de la institución provincial, Javier Vidal. La sesión virtual contó con una amplia representación de los ayuntamientos afectados, la participación estratégica de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Andalucía, la intervención de la administración lusa de Cascais y el respaldo de la comunidad científica a través del CSIC.

Alianza internacional y exención de tasas

La gravedad de esta crisis ambiental, que ya ha cruzado fronteras, propició una alianza técnica dentro del propio grupo con la Cámara Municipal de Cascais. Su responsable de Medio Ambiente y Mar, Ana Margarida Ferreira, explicó detalladamente cómo gestionan los arribazones que sufren desde 2024, destacando un modelo basado en la colaboración público-privada para retirar el alga y transformarla en recursos útiles, además de implementar programas de ciencia ciudadana.

Por su parte, los municipios beneficiarios de los fondos de la Diputación (Rota, El Puerto, Cádiz, Conil, Barbate, Tarifa, San Roque, Algeciras y La Línea) acumulan ya una inversión provincial de más de 1,8 millones de euros en el último lustro dentro del Plan Integral de Transición Ecológica. Durante la conexión, los representantes municipales compartieron información sobre el estado actual de sus playas y analizaron el reciente acuerdo de la Junta de Andalucía que declara la situación de «fuerza mayor».

Para resolver las dudas de los ayuntamientos sobre este marco legal, el encuentro contó con la intervención de Pablo Lovera, Jefe de Servicio de Residuos de la Junta de Andalucía. Lovera detalló que este decreto abre la posibilidad de que los municipios queden exentos de abonar el impuesto por depósito de algas en vertederos, aliviando de forma inmediata la asfixia financiera de las arcas municipales cuando el material no pueda ser reutilizado.

Detección por satélite

La respuesta técnica a la invasión se completó con la aportación científica de Mar Roca, investigadora del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC). La experta expuso ante el grupo de trabajo los resultados preliminares del proyecto RugOBSS, una iniciativa pionera que utiliza imágenes de satélite para detectar e identificar la llegada de manchas de algas en tiempo real, permitiendo a los técnicos municipales anticiparse al impacto en la arena.

 

Esfuerzo sostenido: un lustro de gestión continua

El encuentro telemático sirvió también para poner en perspectiva el histórico de trabajo acumulado por este órgano de coordinación. Con el plan de choque activado para este año, la Diputación de Cádiz consolida una estrategia a largo plazo en la que las ayudas concedidas a los ayuntamientos para paliar los problemas en sus playas ascienden a más de 1,8 millones de euros en los últimos cinco años.

Buena parte de los nueve municipios beneficiarios estuvieron representados en la sesión virtual, donde compartieron información detallada y pusieron en común las estrategias de gestión que se están ejecutando en lo que llevamos de año para mantener la calidad de los arenales frente a la persistente amenaza de la Rugulopterix okamurae.