Polémica en el Parlamento de Andalucía por la gestión de expedientes de dependencia en Córdoba

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, defendió este jueves en el Parlamento regional la gestión de las solicitudes de dependencia en la provincia de Córdoba. Durante su intervención, rechazó las críticas del parlamentario de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, quien denunció la pérdida de expedientes y una administración «negligente» en este ámbito.

López destacó que Andalucía cuenta con «el sistema de dependencia más grande de España», diseñado para atender a personas con necesidades especiales, como mayores o discapacitados, mediante recursos como ayudas económicas o servicios de atención. Aseguró que, aunque pueden ocurrir incidencias, como la pérdida de algún expediente, estas se detectan y corrigen rápidamente. Además, presentó datos de 2023 que muestran 8.663 expedientes resueltos en Córdoba, lo que, según afirmó, refleja que «las personas están siendo atendidas».

La consejera criticó la gestión anterior del PSOE e IU, asegurando que entre 2011 y 2014 se «expulsaron intencionadamente» a 34.000 personas del sistema y que los expedientes se duplicaban o se perdían sin control. También reprochó a la oposición haber proporcionado «tres datos distintos en tres días» sobre los expedientes, acusándolos de manipulación.

Por su parte, Gómez Jurado denunció que «decenas de expedientes» se han perdido en algunos municipios cordobeses y anunció que su grupo investigará si el problema se extiende a otras provincias. Criticó que los andaluces esperan, en promedio, 574 días para resolver sus solicitudes, un plazo que considera excesivo. Además, señaló que, en lugar de aumentar la financiación para mejorar el sistema, la Junta la ha mantenido o reducido, generando más problemas en lugar de soluciones.

La Junta de Andalucía acusa al Gobierno de discriminar a Córdoba en la financiación de la dependencia

El parlamentario lamentó la falta de avances en la simplificación administrativa y cuestionó directamente a la consejera sobre el destino de los expedientes desaparecidos denunciados por familias cordobesas. Este intercambio refleja las tensiones entre el gobierno andaluz y la oposición respecto a la gestión de un sistema clave para miles de ciudadanos.

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