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El debate sobre la tasa turística en Andalucía, un leve impuesto por pernoctación al viajero, se ha reavivado durante este período electoral. Varios ayuntamientos de las capitales andaluzas llevan tiempo pidiendo que se saque esta medida adelante para que los municipios puedan aplicar el gravamen. ¿El problema? Ni el Gobierno ni la Junta de Andalucía están por la labor.
Esta tasa turística de unos tres euros la noche —técnicamente es un impuesto y no una tasa— ya ha sido aplicada en otros territorios españoles, como Cataluña o Islas Baleares. Málaga, por ejemplo, querría destinar lo recaudado a políticas de vivienda. Sin embargo, la complejidad de factores políticos y económicos que comprende el turismo andaluz hace que implantarla en la comunidad autónoma sea, de momento, una misión casi imposible.
«Popularmente se le llama tasa turística, pero realmente no es una tasa», explica Antonio Guevara, experto en el sector turístico y director de Alianza Institucional de Mecenazgos. «Sería un impuesto vinculado a la estancia turística o a la visita a un territorio concreto», apunta. Una aclaración importante para entender quién puede sacarla adelante, ya que los ayuntamientos no tienen competencia para establecer este tipo de figuras fiscales.
Conflicto de competencias
Actualmente, las corporaciones locales sí pueden aplicar determinadas tasas ya reguladas, como la de basura o la ocupación de vía pública, pero no crear nuevos impuestos fuera del marco estatal. Por ello, para que Málaga pudiera implantar esta medida sería necesario que el Gobierno modificara previamente la Ley de Haciendas Locales o bien que la Junta de Andalucía crease un impuesto autonómico aplicable al turismo.
Y aquí es donde aparece uno de los grandes puntos de conflicto. Si la iniciativa partiera de la Junta, el impuesto afectaría a todo el territorio andaluz, aunque pudiera modularse por zonas o intensidad turística. Además, la Comunidad Autónoma se quedaría con el 50% de los fondos recaudados para destinarlos a la promoción turística.
«Un impuesto autonómico obligaría a aplicarlo en toda Andalucía. Podría haber diferencias entre litoral e interior, pero no todos los territorios tienen el mismo interés ni las mismas necesidades», explica quien también fue decano de la Facultad de Turismo.
Los consistorios quieren, por este motivo, que sea el Gobierno quien tome la iniciativa, para así poder autogestionar el 100% de los fondos. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que es una competencia autonómica, mientras que la Junta le devuelve la pelota: «Tenemos claro que es un problema de financiación, y debe ser el Gobierno quien modifique la Ley de Haciendas Locales», aseguró el Consejero de Turismo, Arturo Bernal, tras ser preguntado por 101TV.
La situación, añade Guevara, es especialmente compleja en una comunidad tan diversa como Andalucía, donde conviven grandes destinos internacionales como Málaga o Sevilla con provincias de menor presión turística.
El gran debate: quién paga y cómo se recauda
Otro de los aspectos que más controversia genera es la gestión del impuesto. En la mayoría de destinos europeos donde ya existe esta figura, son los establecimientos turísticos quienes cobran directamente el importe al visitante y posteriormente lo ingresan a la administración.
Eso, según Guevara, implica costes operativos y administrativos que generan rechazo en parte del sector hotelero. «Los empresarios no se oponen tanto porque crean que el turismo vaya a bajar, sino porque supone más gestión, más costes y cambios tecnológicos», apunta.
Un impuesto que «no provoca disminución del turismo»
En territorios como Baleares, Cataluña o varias ciudades italianas, los viajeros reciben una factura adicional correspondiente a la tasa turística. Un modelo que obliga a hoteles y alojamientos a adaptar sus sistemas de facturación y control. «Todo eso hay que implementarlo tecnológicamente y tiene un coste», afirma Guevara.
Aun así, el experto desmonta uno de los argumentos más utilizados por quienes rechazan la medida: la pérdida de competitividad turística. «Los estudios que hemos realizado muestran que poner un impuesto al turismo no reduce la llegada de visitantes», sostiene. «La gente sigue viajando a ciudades europeas como Venecia, donde ya existe».
Ciudades de costa y de interior
La discusión sobre la tasa turística también refleja las enormes diferencias entre ciudades españolas. Mientras Málaga podría recaudar cerca de 30 millones de euros anuales, según cálculos municipales, el impacto económico sería muy distinto en provincias con menor peso turístico.
«Económicamente la diferencia es brutal entre Málaga y otros territorios», afirma Guevara. «En ciudades con una enorme presión turística puede suponer una herramienta muy potente para realizar inversiones».
El experto considera lógico que Málaga quiera disponer de nuevos recursos para afrontar el impacto del turismo sobre la ciudad: «El turismo tiene muchísimos efectos inducidos que muchas veces no se ven. Mucha gente vive indirectamente del turismo aunque no trabaje en un hotel», explica.
Lavanderías, comercios, bares, taxis o pequeños negocios dependen de ese flujo constante de visitantes. Pero al mismo tiempo, la masificación también genera presión sobre infraestructuras, servicios públicos y vivienda. Por eso, insiste en que cualquier impuesto de este tipo debe tener un carácter claramente finalista: «No puede ser simplemente recaudar dinero sin una política concreta detrás», advierte.
¿Debe destinarse a vivienda?
El Ayuntamiento de Málaga ya ha adelantado que, si logra implantar la medida, destinaría los ingresos principalmente a ayudas al alquiler y políticas de vivienda. Para Guevara, la idea puede ser positiva, aunque no resolverá por sí sola la crisis habitacional.
«El problema de la vivienda es mucho más amplio», señala. «La tasa puede ayudar, pero también habrá que revisar otras cuestiones: suelo, vivienda protegida, regulación de viviendas turísticas o el funcionamiento general del mercado inmobiliario».
A su juicio, parte de la recaudación debería dedicarse también a mejorar infraestructuras urbanas, rehabilitar patrimonio y reforzar el propio sector turístico. Pone como ejemplo Barcelona, donde parte de los ingresos se destinan a conservación patrimonial y promoción comercial de la ciudad. «Allí incluso se financian actuaciones relacionadas con la Sagrada Familia o plataformas de promoción del comercio local», explica.
¿Quién debería pagarla?
Otro de los asuntos abiertos es si el impuesto debería aplicarse solo a turistas extranjeros o también a visitantes nacionales. Guevara rechaza cualquier diferenciación: «Sería discriminatorio», sostiene. «No tiene sentido que una persona pague o no en función de dónde venga».
Además, cree que el debate actual se centra demasiado en las pernoctaciones y deja fuera otros tipos de turismo con gran impacto urbano. «Hay visitantes que llegan en crucero o en autobuses de excursión y generan externalidades igual o mayores que quien duerme en la ciudad», apunta. Por ello, considera que el futuro modelo debería contemplar fórmulas más amplias y complejas que las actuales.
La propuesta ha ganado peso en ciudades como Málaga en plena recta final hacia las elecciones andaluzas. Desde el PP defienden la necesidad de nuevos recursos para afrontar la emergencia residencial, mientras el PSOE acusa al gobierno municipal de haber permitido durante años un modelo «especulativo» ligado al turismo y a la vivienda.
Parece que, por el momento, tanto la Junta como el Gobierno seguirán pasándose la pelota en cuanto a competencias para implantarla. El debate sigue abierto, aunque las administraciones competentes dejan claro que no es una prioridad en la lista de tareas por hacer en esta recta final hacia las elecciones del 17 de mayo.
