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El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido este viernes el acuerdo de gobierno firmado entre el Partido Popular y Vox para la nueva legislatura andaluza. Según ha señalado, el pacto se basa en los principios de «legalidad, justicia y humanidad» y sitúa «la dignidad del ser humano por encima de todo». Además, ha asegurado que una de las medidas incluidas en el documento, la auditoría anual del gasto sanitario vinculado a la atención de personas extranjeras, responde a un objetivo de «transparencia».
El primer informe se publicará antes de acabar el año
Uno de los compromisos recogidos en el acuerdo entre ambas formaciones es la realización de una auditoría anual para conocer el coste sanitario, tanto directo como indirecto, derivado de la atención a personas extranjeras en Andalucía. Según ha indicado el consejero, este trabajo deberá comenzar durante los seis primeros meses de la legislatura y el primer informe tendrá que estar finalizado antes de que concluya 2026.
El objetivo es analizar, dentro de los límites que permita la legislación vigente, el gasto generado por distintos perfiles de pacientes, diferenciando entre residentes legales, desplazados temporales y personas sin residencia legal acreditada. También pretende desglosar el coste por áreas asistenciales, como Atención Primaria, urgencias, hospitalización, farmacia, partos, pruebas diagnósticas o atención especializada.
El resto de medidas sanitarias tras el pacto con Vox
Entre la medidas sanitarias que llegarán tras este pacto, figuran el incremento del presupuesto destinado a sanidad, una auditoría de las listas de espera acompañada de un plan de choque para reducir los tiempos en intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas externas, así como el compromiso de facilitar citas en el mismo día en Atención Primaria para procesos agudos y consultas de Pediatría.
El acuerdo también contempla medidas para reducir la carga administrativa de los profesionales sanitarios, un plan de estabilidad laboral para el personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), incentivos para cubrir plazas de difícil cobertura y contratos puente dirigidos a médicos internos residentes (MIR), enfermeros internos residentes (EIR) y nuevos especialistas formados en Andalucía.
A ello se suma un plan para favorecer el regreso de profesionales sanitarios que actualmente trabajan fuera de Andalucía o en el extranjero, mejoras salariales y laborales para el personal del SAS, un plan de infraestructuras sanitarias por provincias y la elaboración de un plan integral de salud mental que deberá aprobarse en un plazo de seis meses.
