El Ayuntamiento de Tarifa ha logrado blindar una posición unánime entre todas las fuerzas políticas de la corporación municipal para defender el patrimonio local y solicitar la reapertura de la Isla de las Palomas decretada por el Ministerio del Interior el pasado mes de mayo.
En una junta extraordinaria que ha reunido a representantes de todos los grupos del arco consistorial, el municipio ha acordado un bloque de actuaciones conjuntas destinadas a reclamar al Ministerio del Interior la recuperación «cuanto antes» de los usos civiles, científicos y turísticos en la Isla de Tarifa, también conocida como Isla de las Palomas, cuyo acceso público permanece clausurado desde el pasado mes de mayo.
El origen del conflicto administrativo radica en la orden de cierre total decretada por el ministerio tras detectarse patologías estructurales en determinadas áreas que podían comprometer la seguridad de los visitantes.
Sin embargo, el consistorio tarifeño esgrime ahora el contenido del Acta de Inspección del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) para exigir una flexibilización inmediata de la medida. Dicho informe técnico detalla que, si bien existen zonas con deficiencias, el enclave cuenta también con amplios sectores en perfecto estado de conservación que permitirían un uso público seguro.
Impacto científico y económico en el punto más meridional de Europa
Desde el Ayuntamiento de Tarifa se incide en que un bloqueo total y prolongado del dominio público carece de una justificación suficiente y proporcionada, provocando además un severo impacto en el tejido económico, cultural y científico de la comarca del Campo de Gibraltar.
La corporación local apuesta por rescatar de forma inmediata los usos civiles que históricamente han definido la actividad de la isla, tales como las investigaciones ambientales, las visitas de carácter científico y educativo, el turismo activo y la práctica de la pesca recreativa dentro de una zona debidamente acotada.
Para desbloquear la situación, el Gobierno municipal ya ha movilizado los primeros recursos legales mediante la presentación de dos escritos oficiales.
El primero de ellos ha sido remitido directamente al Ministerio del Interior para exigir la motivación jurídica del cierre y la hoja de ruta para la reapertura segura.
El segundo documento se ha cursado ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz con el objetivo de forzar una mesa de coordinación interadministrativa urgente en la que se sienten el propio Ayuntamiento, Interior, el Miteco, la Autoridad Portuaria y la Demarcación de Costas para devolver la actividad a la última estribación rocosa del continente europeo.
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