El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible quiere reforzar la respuesta contra los robos de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria. Para ello, propondrá una modificación del Código Penal con el objetivo de endurecer las penas cuando este tipo de delitos provoquen daños en la circulación de los trenes o alteren el funcionamiento de un servicio considerado esencial.
La reforma incluiría penas de dos a seis años de cárcel
La iniciativa contempla la reforma del artículo 240 del Código Penal mediante la creación de un subtipo agravado del delito de robo con fuerza. Según la propuesta del departamento que dirige Óscar Puente, quienes sustraigan elementos de la red ferroviaria poniendo en riesgo la circulación o provocando interrupciones del servicio podrían enfrentarse a penas de entre dos y seis años de prisión.
Hasta cinco casos registrados en una semana
La propuesta llega después de varios episodios registrados en las últimas semanas, especialmente en el corredor sur de alta velocidad. Según Transportes, solo durante la última semana se han producido cinco robos de cable en esta línea ferroviaria, el más reciente tuvo lugar este domingo entre la Venta La Inés y Brazatortas, provocando serios retrasos en la circulación.
El Ministerio sostiene que estas actuaciones no solo ocasionan pérdidas materiales, sino que comprometen el funcionamiento de una infraestructura estratégica para la movilidad del país. Por ello, considera necesario que la legislación penal tenga en cuenta el impacto real que este tipo de delitos genera sobre el interés general.
Impacto técnico y económico
Con esta propuesta de modificación del Código Penal, el Gobierno busca reforzar la protección de la infraestructura ferroviaria y disuadir la comisión de unos delitos que, según el Ministerio, se han repetido con frecuencia en distintos puntos de España durante los últimos meses y que tienen un impacto muy superior al valor económico de los materiales sustraídos.



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