La Audiencia Nacional ha archivado las diligencias abiertas contra un policía local de Granada que fue detenido por su supuesta relación con materiales yihadistas en La Zubia, en el área metropolitana granadina, a finales de marzo de 2024.

El auto de archivo del Juzgado Central de Instrucción 1 de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, dispone el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias previas por la presunta comisión de un delito de auto-adoctrinamiento de carácter terrorista, en tanto no existan «nuevos elementos de información o prueba» que justifiquen la reapertura del caso.

Detalla el auto, de fecha de 10 de diciembre de 2024 y firmado por el juez Santiago Pedraz en funciones de sustitución, que el Ministerio Fiscal ha solicitado el archivo «al no estar debidamente acreditada la perpetración del delito» por este agente, cuya defensa ha llevado el abogado Félix Fernández.

Tras el análisis de los dispositivos intervenidos, la Guardia Civil emitió informe señalando que el agente, recoge el auto, al parecer «utilizaba activamente redes sociales para actividades personales, pero no se encontraban evidencias de participación» en acciones «delictivas» o en la «distribución» o «consumo» de «contenido radical».

Tampoco se encontró «evidencia de vídeos de índole radical o extremista en el almacenamiento local de sus dispositivos o en el historial de navegación» en Internet, indica también la resolución, que es firme.

De baja médica por razones psicológicas después de que se iniciara contra él esta investigación por la que ha estado en libertad provisional desde el pasado 30 de marzo, al agente de la Policía Local de Granada se le retiran, en virtud de este acuerdo de la Audiencia Nacional, todas las medidas cautelares, incluida la comparecencia ante el juzgado cada 15 días o la prohibición de salir de territorio nacional.

Después de ser detenido por la Guardia Civil, la Audiencia Nacional también le retiró el pasaporte y su permiso para portar armas, tras una vista que se celebraba por videoconferencia ese 30 de marzo, en la que el agente negó toda vinculación relacionada con el objeto de su detención.