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El ámbito turístico considera «inaceptable» el nuevo registro y estudia medidas legales ante la inminente implementación

Las pernoctaciones hoteleras durante el mes de septiembre aumentan un 1,4% en Andalucía.

La implementación del Real Decreto 933/2021 sobre registro documental comenzará finalmente a regir el próximo 2 de diciembre, tras haber sido prorrogado en tres ocasiones y haber sido objeto continuo de críticas por parte del sector turístico, que lo considera «inaceptable» y que ya analiza acciones legales respecto a su inminente entrada en vigor.

Específicamente, entre las quejas más destacadas por la industria se encuentran su posible incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea, junto a que su aprobación provocaría «inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento», desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo, falta de adecuación tecnológica y carga administrativa desmedida para las empresas, ya que el 95% del núcleo del sector son pymes.

Recientemente, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) calificó de «inaceptable» esta normativa, confirmando que continuarán con sus planteamientos legales, tanto sobre la exclusión de las agencias de viajes, como de la industria Mice y el sector corporativo.

Además, la gerente de la patronal de Acave, Catiana Tur, destacó este miércoles «la inseguridad jurídica» que implica el Real Decreto 933/2021 y el hecho de que «no se haya contado con el sector» para la orden ministerial anunciada sobre el nuevo registro de viajeros.

Por otro lado, el presidente de Fetave, César Gutiérrez, confesó que «no creíamos que el RD finalmente saliera adelante, porque todos los informes, el de la Agencia de Protección de Datos, el de la Comisión Europea y el del Consejo de Estado, señalaban muchas incompatibilidades con las leyes vigentes».

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A estas críticas se suman las de los hoteleros, ya que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) denunció que el nuevo reglamento no solo afecta negativamente a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que utilizan hoteles y alojamientos en sus desplazamientos dentro del país.

«Estos deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y arduos, comprometiendo su experiencia de alojamiento», argumentó.

Saltan las alarmas en el sector hotelero por la nueva normativa de registro de viajeros

El sector analiza acciones legales

Entre otras medidas, los hoteleros están colaborando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar la normativa «por su impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directrices europeas».

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La patronal Cehat considera que estas acciones son «indispensables» para salvaguardar los derechos de los viajeros y asegurar un entorno regulatorio «equilibrado y justo» para los establecimientos turísticos.

«Hemos estado meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector, pero no hemos recibido respuesta. Ante esta falta de voluntad política, nos vemos obligados a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros», enfatizó su presidente, Jorge Marichal.
La misma postura se observa en las agencias de viajes, Acave, UNAV y Fetave, que ya han manifestado que están considerando acciones legales contra el nuevo registro de viajeros.

“Vulnera la normativa europea de protección de datos por la cantidad de información sensible y personal que exige recopilar a las empresas”, señalaron las tres asociaciones en un comunicado conjunto.

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Las agencias no confían en una orden ministerial

Respecto al anuncio de una orden ministerial, que será sometida a una audiencia pública de dos semanas, las patronales de agencias consideran “altamente improbable” que excluya la obligación de comunicar nuevos datos de carácter personal “tan sensibles” como los datos de tarjetas de crédito de los turistas.

Por su parte, CEAV solicitó una orden ministerial que “incorpore las demandas del sector y que disminuya los datos a presentar”, y en la que se incluya expresamente la mención de exclusión de actividades como el corporativo y MICE, grupos y la actividad receptiva en general, y, en especial, con agencias de viajes y turoperadores extranjeros.

En lo que respecta a la versión de Interior sobre “una interlocución constante con los sectores afectados”, la propia CEAV rebatió el “contacto continuo” que ha afirmado tener el departamento ministerial.

“El sector ha de enterarse por otras fuentes de las propuestas del Ministerio a pesar de los constantes intentos infructuosos de contacto por parte de la confederación”, criticó en este sentido.

Adicionalmente, Cehat denunció que, desde la reunión sostenida con el Ministerio del Interior el pasado 4 de octubre, no ha recibido ninguna comunicación oficial ni avances concretos en las aclaraciones prometidas por Interior.

Finalmente, las agencias, junto a Acave, UNAV y Fetave, arremetieron contra el “desprecio” del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien “se negó a reunirse con el sector durante todo este proceso”.

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