Aprobada la nueva Ley de Discapacidad y Dependencia con financiación estatal del 50% del sistema

El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva Ley de Discapacidad y Dependencia, una reforma que introduce importantes cambios en el Sistema de Atención a la Dependencia con el objetivo de ampliar derechos, agilizar los procedimientos administrativos y reforzar la financiación pública.

Entre las principales novedades, la norma garantiza que el Estado cubra el 50% del coste del sistema, además simplifica procedimientos y elimina tiempos de espera burocráticos con la pasarela de discapacidad a dependencia, amplia nuevos perfiles de cuidadoras, posibilita la compatibilidad de servicios y da carácter legal que la teleasistencia tenga carácter universal para todas las personas en situación de dependencia que vivan en su casa.

Tras la aprobación de la ley, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha celebrado la reforma, que considera «una extraordinaria noticia» para los cerca de dos millones de personas en situación de dependencia y con discapacidad en España. La entidad, que lleva dos décadas defendiendo el fortalecimiento del sistema, valora que el Estado sitúe a este colectivo como una prioridad institucional mediante el reconocimiento de nuevos derechos y un mayor compromiso financiero.

Reducir las listas de espera

Por otra parte, la asociación recuerda que el principal desafío continúa siendo reducir las listas de espera, en las que actualmente permanecen 255.450 personas. En este sentido, reclama incrementar las prestaciones, aumentar la intensidad de los servicios, favorecer su compatibilidad y mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales del sistema, especialmente de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y del personal de las residencias.

La entidad también advierte de que el éxito de la reforma dependerá de la gestión que realicen las comunidades autónomas. A su juicio, deberán implantar procedimientos más ágiles y mantener su esfuerzo inversor para evitar situaciones como la registrada tras el Plan de Choque de 2022, cuando, según recuerda, nueve comunidades autónomas redujeron su financiación propia pese al incremento de la aportación estatal.

Cambios en las ayudas de emergencia

Otro de los aspectos que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales considera más relevantes es la modificación de la Ley General de Subvenciones, una reivindicación histórica del sector. El cambio permitirá que las ayudas de emergencia o urgencia social dejen de tramitarse como subvenciones y pasen a gestionarse mediante prescripción social facultativa, eliminando un procedimiento burocrático que, según la entidad, afectaba cada año a más de un millón de personas usuarias de los servicios sociales. Además, la ley reconoce los servicios sociales como servicios esenciales.

La asociación confía en que la nueva ley vaya acompañada de una dotación presupuestaria suficiente y de una aplicación eficaz por parte de las comunidades autónomas para lograr su pleno desarrollo. Considera que de ello dependen la calidad de vida y la dignidad de dos millones de personas y sus familias, además del mantenimiento de unos 400.000 empleos directos y la creación potencial de otros 200.000 puestos de trabajo en el sector.