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El Gobierno prepara una nueva normativa para reforzar la resistencia de las redes de telecomunicaciones ante situaciones de emergencia. Entre las principales medidas, las compañías telefónicas deberán garantizar cobertura móvil durante al menos cuatro horas para el 75% de la población en caso de un apagón eléctrico de gran alcance.
Así lo ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su participación en el encuentro DigitalES Summit, celebrado en Madrid. La medida formará parte del futuro Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas y de determinadas infraestructuras digitales.
Buscan garantizar las comunicaciones en caso de apagón
Según ha explicado el ministro, el objetivo es asegurar que los ciudadanos puedan seguir comunicándose incluso en escenarios de interrupción del suministro eléctrico. Para lograrlo, las operadoras deberán incorporar sistemas de respaldo, baterías para las antenas y mecanismos adicionales que permitan mantener el servicio durante las primeras horas de una incidencia.
La medida será progresiva
La implantación de esta obligación será progresiva. Durante el primer año de vigencia de la norma, la cobertura deberá alcanzar al 50% de la población. En el segundo año el porcentaje aumentará hasta el 65% y, finalmente, en el tercero deberá llegar al 75%.
Más allá de la telefonía móvil, el decreto también establecerá nuevas exigencias para infraestructuras consideradas estratégicas. Los centros de gestión con capacidad para afectar a varias comunidades autónomas deberán mantenerse operativos durante al menos doce horas sin suministro eléctrico.
Mejoras en los servicios de emergencia
Uno de los aspectos más relevantes de la futura normativa está relacionado con los servicios de emergencia. El texto reforzará la protección de las comunicaciones del 112 y de los sistemas de alerta pública, considerados fundamentales durante situaciones de crisis.
La intención es aprobarlo antes de final de año
El Gobierno prevé aprobar este real decreto antes de que finalice el año. La iniciativa forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la resiliencia tecnológica del país y garantizar que las comunicaciones sigan funcionando en situaciones excepcionales, reduciendo así el impacto de posibles apagones o incidencias de gran magnitud.
