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El Tribunal Supremo (TS) ha puesto en libertad al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión provisional por su presunto papel principal en la trama de amaño de obra pública del ‘caso Koldo’.
El juez del TS Leopoldo Puente ha decretado la libertad provisional de Cerdán al considerar mitigado el riesgo de destrucción de pruebas y advierte que se han «robustecido» los indicios tras el informe de la UCO, pero ya no está justificada una medida tan «excepcional» como la prisión preventiva.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado al instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS) tres obras concretas, entre ellas la del Puente del Centenario en Sevilla, que se adjudicaron por más de 245 millones a la alianza empresarial formada por Acciona y Servinabar, la mercantil vinculada a Cerdán, en el marco de sus pesquisas sobre la presunta trama de amaño de obra pública a cambio de comisiones.
En su último informe la UCO alude a las obras en autovía en Logroño, un puente en Sevilla y el tren de Sant Feliú, ante la sospecha de que podrían haber formado parte del esquema de adjudicaciones irregulares.
Alianza Acciona-Servinabar
Los investigadores precisan que esas tres obras se adjudicaron a la UTE por un total de 245.898.095 euros, de los que Servinabar, de la que Cerdán poseería el 45%, se habría embolsado 4.865.370,88 euros, conforme a la cuota del 2% que había pactado con Acciona.
El acuerdo fue firmado por Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, y Tomás Olarte, subordinado del que fuera directivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, ambos imputados a raíz de este último informe de la UCO.
Teniendo en cuenta el 2% que habían acordado Acciona Construcción y Servinabar en el memorándum, la Guardia Civil estima que la empresa asociada a Cerdán facturó 102.247,05 euros por la obra en la SE-40 y 1.699.667,33 por las tirantes del Puente del Centenario.
En los documentos de contratación se añadía una cláusula en la que se denominaba Acciona como contratista y a Servinabar como consultora, según la UCO. En concreto, ambas partes acordaban que Servinabar desarrollaría la revisión de evaluaciones de riesgos laborales y de los planes de emergencia.
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