El Tribunal Supremo ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Así lo ha decretado el magistrado Leopoldo Puente, quien ha dictado esta orden. Este hecho indica que ve indicios de delito en las acciones que se le acusan. Aunque será puesto en libertad provisional en las próximas horas, como es habitual en estos procedimientos, es muy probable que duerma en prisión en la noche de este 30 de junio, que ya será histórico para la política en España.

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«En este sentido, mantendría con éstos últimos una relación vertical, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos con la posible comisión de los hechos delictivos que a todos ellos se atribuyen», refleja el auto.

Puente ha tomado esta decisión tras escuchar su declaración como imputado, que ha durado alrededor de una hora y en la que solo ha contestado a preguntas de su abogado, ni siquiera del propio magistrado ni del fiscal. Tras ello se ha celebrado una vistilla de medidas cautelares en la que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido el ingreso en prisión provisional sin fianza al considerar que Cerdán es «el jefe de la organización criminal», de acuerdo con las citadas fuentes.

El fiscal ha alegado que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, subrayando que las conversaciones y mensajes en los que se basa su imputación son «explícitos», por lo que ha considerado ofensivo que insinúe que es víctima de una persecución política.

En la vistilla, el fiscal ha sostenido que se valió de José Luis Ábalos y de Koldo García para penetrar en un Gobierno que en realidad le era ajeno y, concretamente, en el ministerio con mayor presupuesto, para actuar en su beneficio y el de otros a través de los presuntos amaños.

De esta forma, Anticorrupción ha ido un paso más allá que con el ex ministro de Transportes y el exasesor ministerial, para quienes solo pidió prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial, medidas cautelares que se ratificaron la semana pasada. Para éstos, las acusaciones populares también reclamaron cárcel pero el instructor lo rechazó. En esta ocasión se han adherido a la petición del fiscal.

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