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El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda en el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por presunta intromisión en su honor, por lo que reclama que le indemnice con 50.000 euros.
Según han confirmado fuentes jurídicas a, el cantante ha dado ese paso después de que la dirigente le acusara de someter a sus trabajadoras a «abusos sexuales» y de tenerlas en una «situación de esclavitud».
Iglesias había instado a la vicepresidenta del Gobierno, a través de su abogado José Antonio Choclán y en una petición de conciliación, a rectificar en público un mensaje que subió a redes sociales. Ahora, el cantante ha formalizado su demanda después de que Díaz, que está aforada ante el Supremo, no se retractara de sus palabras.
El inicio de la polémica
Díaz compartió el pasado 13 de enero una noticia con el titular ‹Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales›. «Escalofriantes testimonios. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente», agregó.
La representación del cantante indicó en febrero en un escrito que Díaz fue entrevistada al día siguiente en un programa de televisión en el que se debatía sobre la denuncia que varias extrabajadoras de Iglesias presentaron en su contra y que no fue admitida al considerar la Fiscalía que no era competente para investigarla.
A ello añadió que Díaz afirmó que las trabajadoras «estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias», y que «la investigación da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres».
El estatus de la ministra, clave en el escrito
El escrito incidía en que como «alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública primero a través de una red social y, después, a través de un medio de televisión claros prejuicios de culpabilidad contra Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales».
Lo que Iglesias pretendía con aquel escrito es que Díaz «se avenga a reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de las manifestaciones, que se ha producido un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social» del cantante.
