101 TV 
Descarga 101Play 
Síguenos en redes 
Autores 
Temas 
Quiénes somos 
A pesar de la cesión del pasaporte a Begoña Gómez, sigue todavía imputada en varios cargos. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a seguir con el procedimiento de juicio con jurado contra la mujer del presidente por dos delitos, uno por tráfico delitos uno por tráfico de influencias y otro por malversación. Paralizando los otros dos de corrupción en los negocios y apropiación indebidas por los que le acusaba el juez Peinado.
En una decisión de los juzgados emitida este jueves, los magistrados han ordenado que se continúe el procedimiento con jurado contra la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de dinero público con respecto al software que creó en la cátedra con la mujer del presidente.
Desde Madrid, la Audiencia ha estimado los recursos de la Fiscalía y las defensas contra la decisión de Peinado que envió a juicio con jurado a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. Con ello han descartado que la esposa de Sánchez cometiera delitos de corrupción de negocios y apropiación indebida.
Además, el tribunal ha decidido desvincular a Barrabés del procedimiento que se celebrará ante un jurado popular. Para su persona, la investigación continuará mediante un procedimiento abreviado para determinar si las adjudicaciones de contratos públicos se ajustaron o no a la legalidad.
Resolución de lo presentado
Los magistrados debatieron el pasado lunes los cinco recursos de apelación y de queja presentados contra varias resoluciones del juez Peinado, en especial la dictada el 11 de abril, por la que acordó enviar a juicio con jurado a los tres acusados. La decisión se ha formalizado ahora mediante un auto.
El tribunal ha resuelto todos los recursos de forma conjunta con el objetivo de evitar posibles disfunciones procesales y garantizar una respuesta judicial coherente. Tanto la Fiscalía como las defensas sostienen, en esencia, que no existen indicios suficientes para atribuir los delitos investigados, que las resoluciones impugnadas carecen de una motivación adecuada y que el caso no debería ser enjuiciado por un jurado popular, al considerar que no existe conexión entre los delitos imputados.
