Moncloa ha afirmado este sábado que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez «constata la persecución, la obsesión y la desproporción» de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción «que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos».

Fuentes de Moncloa han reaccionado de esta forma a la decisión de Peinado de retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial.

Peinado sostiene que, aunque Gómez se encuentre acompañada o custodiada por las fuerzas de seguridad dada su condición de esposa de Sánchez, «no cabe duda» de que «esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar una posible fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».

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«La acusación que el juez Peinado hace contra la Policía Nacional es solo otro ejemplo del despropósito al que asistimos», han afirmado al respecto fuentes de Moncloa.

En un auto de 84 páginas publicado este sábado el magistrado acuerda estas medidas también para su asesora, Cristina Álvarez, «durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme».

Toma esta decisión después de la audiencia preliminar celebrada este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, una cita en la que las acusaciones populares lideradas por la organización Hazte Oír mantuvieron sus peticiones sobre las medidas cautelares mencionadas.

El juez instructor atribuye a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

El juez envía a juicio igualmente al tercer investigado, el empresario Juan Carlos Barrabés, por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, si bien no acuerda medidas cautelares sobre él.