La votación del pasado viernes en el Congreso, que rechazó los dos decretos de vivienda del Gobierno, desembocó en la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre y en la posterior disolución de las Cortes. Con el Congreso, que cuenta con 350 escaños, ya disuelto y sin actividad parlamentaria ordinaria, cambia también el escenario en el que tendrán que resolverse las medidas de vivienda del Ejecutivo. Durante este periodo, será la Diputación Permanente la encargada de ejercer las competencias que la Constitución le atribuye, entre ellas la convalidación o derogación de los decretos-leyes.

¿Qué es la Diputación Permanente?

Es una especie de órgano de guardia del Congreso. Su función es garantizar que la Cámara mantenga determinadas capacidades aunque esté disuelta. La Constitución establece que cada Cámara tiene una Diputación Permanente, formada por al menos 21 miembros y con una composición proporcional a la representación de los grupos parlamentarios. Está presidida por la Presidencia de la Cámara. En el caso del Congreso, el Reglamento establece que la Diputación Permanente sigue funcionando después de la disolución hasta que se constituyan las nuevas Cortes Generales.

Este organismo mo funciona como un Congreso normal. Con las Cortes disueltas, el Congreso ya no puede tramitar con normalidad proyectos y proposiciones de ley ni celebrar una actividad parlamentaria ordinaria. De hecho, los asuntos que estaban pendientes decaen con la disolución, salvo aquellos que constitucionalmente corresponden a la Diputación Permanente.

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La excepción: los decretos-leyes del Gobierno

La Diputación Permanente puede asumir las facultades que corresponden al Congreso respecto a estos decretos-leyes. Es decir, puede convalidarlos o derogarlos dentro del plazo constitucional correspondiente. El Ejecutivo continúa en funciones durante el periodo electoral y hasta la formación del nuevo Gobierno. Mientras tanto, las Cortes están disueltas y el Parlamento queda limitado en su actividad ordinaria.

La Diputación Permanente actúa, por tanto, como una garantía para que el Estado no se quede sin control parlamentario en determinadas situaciones excepcionales. En definitiva, la Diputación Permanente durante una disolución puede convalidar o derogar decretos-leyes aprobados por el Gobierno, ejercer las competencias del Congreso relacionadas con los estados de alarma, excepción y sitio, velar por los poderes de la Cámara mientras esta no está reunida, y adoptar determinadas decisiones que la Constitución reserva expresamente a este órgano.

Este órgano no sustituye al Congreso en todo. Solo asume las competencias que la Constitución y el Reglamento le atribuyen. Ahora se encuentra en el foco por que el Gobierno ha recurrido a la Diputación Permanente para llevar a votación determinados decretos-leyes durante este periodo de disolución.

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La diferencia de Diputados: de 350 diputados a 68

El Congreso tiene 350 diputados cuando funciona en Pleno. Pero, tras la disolución de las Cortes, no desaparece toda la actividad parlamentaria: entra en funcionamiento la Diputación Permanente, que en este caso está formada por 68 diputados, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La composición respeta proporcionalmente el resultado de las elecciones de 2023.
El reparto actual es:
PP: 27, PSOE: 24, Vox: 6, Sumar: 6, ERC: 1, Junts: 1, EH Bildu: 1, PNV: 1, Grupo Mixto: 1
En total, 68 miembros, a los que se suma la presidenta de la Cámara. La Constitución establece que esta Diputación Permanente continúa funcionando hasta que se constituyan las nuevas Cortes y puede asumir las competencias de la Cámara respecto a los decretos-leyes cuando el Congreso está disuelto.

¿Por qué es importante para los decretos de vivienda?

Los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevó al Congreso fueron rechazados por el Pleno. Uno de ellos, el Real Decreto-ley 26/2026, incluía medidas sobre protección frente a desahucios, alquileres y vivienda asequible. El segundo, el Real Decreto-ley 27/2026, abordaba la estabilidad de los contratos de alquiler. Este martes fueron aprobados de nuevo por el Consejo de Ministros con algunas modificaciones, y tendrán que ser ahora convalidados por la Diputación Permanente, que es quien mantiene determinadas competencias del Congreso durante el periodo electoral.