Laura Fernández asumió este viernes la Presidencia de Costa Rica para el periodo 2026-2030, tras imponerse en primera ronda en las elecciones del 1 de febrero. La nueva mandataria, politóloga conservadora de 39 años, recibió la banda presidencial en el Estadio Nacional de San José y prometió dar continuidad al proyecto político de Rodrigo Chaves, modernizar el Estado y aplicar una política de mano dura contra el crimen organizado.
Su Partido, Pueblo Soberano, obtuvo 30 de los 57 escaños en la Asamblea Legislativa, mientras que el opositor Partido Liberación Nacional consiguió 17 diputados. Fernández ganó además las elecciones presidenciales del 1 de febrero en primera ronda con una amplia mayoría, consolidando así el respaldo popular de la continuidad del proyecto político político de Rodrigo Chaves.
Una nueva etapa con un sello continuista
Fernández se convierte en la segunda mujer en ocupar la presidencia de Costa Rica, después de Laura Chinchilla. Su llegada al poder consolida el avance del Partido Pueblo Soberano, que obtuvo una amplia representación en la Asamblea Legislativa y que respalda una agenda liberal en lo económico y conservadora en lo social.
Durante la campaña, la nueva presidenta se presentó como la heredera política de Chaves, de quien fue ministra de la Presidencia y ministra de Planificación. Esa continuidad quedará reflejada en el nuevo gabinete, donde permanecerán varios jerarcas del Gobierno saliente.
Chaves seguirá en el Gobierno
Uno de los nombramientos más relevantes es el de Rodrigo Chaves, quien pasará a ocupar los ministerios de Hacienda y de la Presidencia. La decisión ha generado críticas de la oposición, que la interpreta como una posible concentración de poder en manos del expresidente.
Fernández también mantendrá figuras clave en áreas como Relaciones Exteriores, Seguridad, Educación, Obras Públicas y Transportes, además de instituciones estratégicas vinculadas a la seguridad social, electricidad y emergencias.
La seguridad es la prioridad de su mandato
La inseguridad y el narcotráfico aparecen como los principales desafíos del nuevo Gobierno. Fernández ha prometido endurecer la respuesta estatal frente al crimen organizado y ha anunciado la construcción de una megacárcel para 5.000 reclusos, inspirada en el modelo aplicado en El Salvador por Nayib Bukele.
La presidenta también ha planteado la posibilidad de levantar garantías individuales en zonas consideradas críticas si la situación de seguridad empeora, con el objetivo de facilitar detenciones y recuperar el control territorial.
El estado costarricense necesita una reforma modernista
En su discurso de investidura, Fernández defendió la necesidad de modernizar el Estado y cuestionó el tamaño del aparato público. La mandataria ha prometido impulsar reformas profundas, especialmente en el Poder Judicial, al que su movimiento político acusa de obstaculizar la lucha contra la criminalidad y proteger a la clase política tradicional.
Con mayoría legislativa, Pueblo Soberano tendrá margen para avanzar en varios proyectos, aunque las reformas estructurales requerirán negociaciones con la oposición para alcanzar los votos necesarios.
Felipe VI acude representación de España
La toma de posesión contó con la presencia del rey Felipe VI y de varios líderes y representantes internacionales. Entre los invitados estuvieron mandatarios y autoridades de países latinoamericanos, además de representantes de Estados Unidos e Israel.
La ceremonia marcó el inicio de un Gobierno que buscará reforzar sus vínculos con aliados conservadores de la región y con Washington, especialmente en materia comercial, migratoria y de combate al narcotráfico.
Fernández inicia su mandato con una agenda ambiciosa: reducir la inseguridad, mantener la estabilidad económica, continuar obras de infraestructura y promover una reforma del Estado. Su principal desafío será demostrar liderazgo propio mientras conserva la influencia política de Chaves, figura central del Gobierno que acaba de terminar y ahora también del que comienza.

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