La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha insistido este jueves en negar que se produjera un «fraude de ley» en contrataciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el procedimiento de emergencia durante la pandemia de Covid-19, y ha aseverado que es «rotundamente falso» que se diera esa circunstancia.

La titular andaluza de Salud ha reiterado en varias ocasiones este mensaje en el transcurso de su respuesta a una interpelación que le ha planteado en el Pleno del Parlamento el diputado del Grupo Socialista Rafael Márquez relativa a política general en materia de contratación por parte del SAS.

El parlamentario socialista se ha hecho eco durante su intervención de la decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla de admitir a trámite la denuncia presentada por el PSOE-A el pasado 20 de junio contra el Gobierno de la Junta de Andalucía por «presunta malversación y prevaricación» en la adjudicación de en torno a 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de Covid-19 y que, según los socialistas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) siguió utilizando hasta 2023, «dos años después de su derogación legal».

Rafael Márquez ha considerado «muy grave» que un juzgado aprecie «indicios de delito» en la contratación del SAS, y ha considerado que tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), como la propia consejera deben dar «una explicación clara» sobre lo sucedido.

De igual modo, ha señalado a la consejera que sólo tiene «dos caminos» a elegir, que pasan por «mirar hacia otro lado» respecto a las «irregularidades», que es lo que, según ha criticado el diputado socialista, ha escogido hacer Juanma Moreno, o bien el que elegiría «cualquier servidor público decente, que, ante cualquier irregularidad conocida, procede a depurar responsabilidades, caiga quien caiga».

«De usted depende el camino que va a escoger», ha señalado Rafael Márquez a la consejera, quien, por su parte, ha aseverado que «es rotundamente falso que se haya producido fraude de ley en los contratos» a los que aluden los socialistas, y ha defendido que «las actuaciones y contratos llevados a cabo por el Servicio Andaluz de Salud han cumplido con la legalidad en todo momento».

De igual modo, ha considerado «rotundamente falso que se haya producido un fraude de ley en la adjudicación» de 458 millones de euros en contratos menores, y ha explicado que ese montante «corresponde a la suma de los contratos menores que se han hecho en las centrales de compra del SAS de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021», donde se realizaron «más de 295.000 contratos», y el informe de los interventores en el que se apoyan desde el PSOE-A para advertir de un «fraude de ley» en esa contratación «se refiere únicamente a un 0,19% del total de contratos» realizados.

La consejera ha remarcado además que en el año 2021 «estábamos en plena pandemia del Covid, y algunos de estos contratos sirvieron para agilizar la compra de vacunas» contra el coronavirus.