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No hay motivos para pensar que los precios del aceite de oliva subirán. Es el mensaje que trasladan desde COAG, una de las organizaciones agrarias que han abanderado la última medida aprobada por el Gobierno para poner fin a los vaivenes de precios. Las almazaras retirarán el 12 % de la producción, unas 188.000 toneladas, en la campaña 2026/2027. Los agricultores están centrados en realizar una llamada a la calma ante el revuelo causado en el sector.
El responsable de olivar de COAG es el jienense Francisco Elvira. Sobre las críticas de Facua, indica que es «mentira» y se trata de una declaración próxima al «populismo». Según este productor, la medida está diseñada «para bajar la frenada y en ningún caso para subir los precios». Detalla que existe un estudio económico de viabilidad redactado por la Universidad Complutense de Madrid donde «se ven los niveles de desencadenamiento y el efecto que tiene esa realidad del porcentaje».
Desde la asociación de consumidores sostienen que el perjuicio sobre los consumidores y los problemas para que las bajadas de las cotizaciones en origen se trasladen de forma efectiva a los productos de los supermercados.
Siguen sin cubrir los costes de producción
La nueva norma pretende estabilizar el precio en origen del aceite de oliva alrededor de los tres euros. En cambio, desde COAG sostienen que, incluso con la retención del 12% de la cosecha, los productores no llegan a cubrir los costes de producción. «No podemos demonizar a los agricultores», subrayan.
«Estamos poniendo un euro y pico de nuestro bolsillo por cada kilo de aceite que producimos», indica Francisco Elvira apuntando que los costes del olivar se ubican en torno a cuatro euros sumando el gasoil, los fertilizantes o la energía, entre otros gastos.
«La industria busca excusas»
«Lo que hacen es buscar excusas», destaca el responsable de olivar de COAG. De esta forma, pone el foco sobre los intereses más mercantiles de las empresas, además, carga contra la situación de oligopolio que se da con frecuencia en el sector del aceite de oliva. «No tienen razón porque al final, si el agricultor no puede vivir de esto, ellos que se nutren del agricultor tampoco van a vivir», concluye Francisco Elvira.
Igualmente, teme que las discrepancias con la pata industrial del sector acaben en los tribunales. Según indica, la industria denunció estas medidas el pasado año ante el contencioso-administrativo de Madrid y, en el presente, se sumarán envasadoras y exportadores de aceite.
Controlar la entrada de aceites de terceros países
Aunque desde COAG califican la medida de «justa», consideran que debe complementarse. Por un lado, piden más controles en las fronteras, como el caso de Túnez, que se aprovecha del «vacío legal» derivado del Tráfico de Perfeccionamiento Activo (TPA). «No es lógico que ese aceite nadie sepa qué pasa con él, si se reexporta, se diluye en mercados nacionales y cómo afecta a la trazabilidad», sostiene Elvira.
Se trata de un régimen aduanero especial que permite importar mercancías de países ajenos a la Unión Europea con la suspensión total del pago de aranceles y de IVA, con el fin de someterlas a operaciones de transformación o ensamblaje para su posterior exportación fuera de la UE.
La crítica de COAG se encamina a que ese aceite de terceros países aprovecha el TPA para el envasado exclusivamente y no se cumple la normativa concreta en ir un paso más allá, es decir, la transformación. «Estás permitiendo una norma aprovechando un vacío legal para sacarte una arancel. Y de paso, te estoy marcando el precio del aceite barato, que me estoy trayendo desde terceros países sin control sanitario ninguno», apostilla.
COAG subraya que la autorregulación aprobada por el Gobierno demuestra que es posible ordenar los mercados agroalimentarios mediante herramientas de gestión de la oferta, garantizando un suministro continuo a precios razonables para la sociedad sin destruir el tejido productivo del campo español.
